El PP acusa a Orengo de convertir Gandia en “refugio” de asesores


Continúa la polémica sobre la contratación de asesores por parte del gobierno municipal de Gandia, y ahora ya no sólo es en el tema de la cantidad de asesores que hay ni siquiera del coste que los mismos tiene para el ejecutivo local, que ronda los 3 millones de euros anuales, sino que el PP ha ido un paso más allá en su crítica y ha asegurado conocer los motivos por los que el Ayuntamiento sigue contratando nuevos asesores: se contratan ex altos cargos socialistas y sobre todo afines a la rama de Puig a la que el alcalde Orengo apoyaba en las elecciones del PSPV-PSOE así en éste sentido torró dijo "estamos viviendo la guerra PUIG-ALARTE, y el campo de batalla es Gandia".




 

El PP acusa a Orengo de convertir Gandia en “refugio” de asesores

Al menos así lo entienden los populares al comprobar que se están realizando contrataciones de asesores que o bien militan en el PSOE o bien han sido conocidos asesores de cargos afines a Puig, por lo que el líder popular ha calificado a Orengo de “irresponsable” por permitir que el dinero de los gandienses sirva para sufragar lo que ha calificado de “amiguismo político”.

Según Torró, esta estrategia la está siguiendo Orengo con el beneplácito de su socio de gobierno, Fernando Mut, no sólo en los cargos públicos, sino también en las empresas públicas, convirtiendo así las mismas en un “vivero” socialista.
Torró explicaba que un claro ejemplo de esta actitud está en la contratación del Gerente de la Unió de Comerciantes de Gandia, a  quien se vincula directametne con Joan Lerma, es ex concejal socialista de Paterna y fiel defensor de la corriente de Puig. Así los populares entienden que no se le ha contratado por ningún tipo de criterio profesional, sino claramente político, lo que va a perjudicar seriamente el comercio de la ciudad, un sector ya bastante afectados por la actual política comercial del actual gobierno según el propio Torró.
Los populares no han dudado en apuntar este como un mero ejemplo, ya que aseguran las ingerencias políticas por parte del PSOE se están llevando a cabo en otros ámbitos y siguen el mismo patrón, y como prueba aseguran que está la negativa del gobierno de hablar de estas cuestiones en la comisión especial que ya solicitar hace unos meses y que sigue sin obtener respuesta por parte del gobierno.

A lo que sí ha respondido el gobierno ha sido a la acusación de contratar asesores por amiguismo, o al menos lo ha intentado, ya que la concejal de Hacienda, Ana García, comparecía en rueda de prensa para asegurar que los asesores que se contratan cobran por las funciones que realizan y que su sueldo es el que se corresponde con la profesión que desarrollan, y que no es otra que la de asesorar.

En cuanto a temas como los motivos de las contrataciones o las colocaciones en determinados puestos de gestión en la ciudad, García no ha querido entrar a cuestionar los motivos de las contrataciones que ha asegurado, responden a criterios profesionales.