UPyD: Constitucionalistas aquí y ahora


MARÍA - LIDÓN ORDÓÑEZ




 

UPyD: Constitucionalistas aquí y ahora

Puesto que el pasado día 6 se celebró el 30 aniversario de la proclamación de la Constitución, es inevitable que tratemos de transmitir a los ciudadanos, las ideas que en UPyD tenemos acerca de cómo se ha ido desarrollando su aplicación en distintos ámbitos, y nuestras propuestas
Unión, Progreso y Democracia defiende en su programa las líneas maestras de la Constitución española de 1978, pero proponemos su reforma para garantizar el mantenimiento y mejora de los preceptos que garantizan la libertad e igualdad de los ciudadanos.
No es cuestión de hacer un recorrido por todas las propuestas que tenemos para su modificación, pero si comentar aquellos aspectos que son mas relevantes.

La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones españolas y la solidaridad entre todas ellas, pero se ha roto la solidaridad entre las Comunidades Autónomas, generándose unas innecesarias y muy irresponsables tensiones entre éstas y, en última instancia, entre los ciudadanos, que con más sentido común que sus gobernantes sólo quieren que los políticos velen por el interés general y la igualdad entre los españoles. Estamos sin duda ante el problema institucional más grave que ha experimentado España en estos últimos años.
Aunque el sistema autonómico ha sido sin duda útil en muchos aspectos, en los últimos años, con las nuevas reformas estatutarias ha degenerado en una carrera enloquecida por la acumulación de ventajas y privilegios en educación, sanidad y otros servicios esenciales. Muchos de los nuevos Estatutos de Autonomía contradicen abiertamente la Constitución, rompiendo de hecho la unidad del Estado y atacando la igualdad y libertad de los ciudadanos.

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
Este derecho constitucional está siendo permanentemente vulnerado, con mayor o menor intensidad con el consentimiento y apoyo de las instituciones políticas. Sin el derecho a usar la lengua común de los ciudadanos en la educación, o los servicios públicos, no hay democracia. La “normalización lingüística” está privando de derechos básicos a ciudadanos españoles, sea el de escolarizar a sus hijos en la lengua común, sea el de concursar a una oferta pública de empleo en cualquier lugar de España.
Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión.

No cabe por tanto la discriminación en las prestaciones sociales, sanitarias o educativas y en otras políticas que afectan a la igualdad. Hoy depende de dónde se resida para tener derechos a ciertas prestaciones y ayudas, o carecer de ellos.

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
La tendencia al empeoramiento de la enseñanza obligatoria, con el constante incremento del abandono escolar, es el mayor problema para el futuro de nuestros jóvenes, y también para la economía, desarrollo y progreso del país. La educación está irresponsablemente transferida a las Comunidades Autónomas, con el resultado de 17 sistemas educativos, impidiendo la libre circulación de alumnos y profesores. Y con unos resultados verdaderamente desastrosos, ya que en algunas Comunidades Autónomas la educación está al servicio de proyectos políticos de partido, especialmente del “nacionalismo obligatorio”.

El Estado tiene que garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.
Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no pueden implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales