AVA-ASAJA tilda de “cínico” al Gobierno por concluir que no urge mejorar la renta del citricultor


El informe sobre la Cadena de Valor de los Cítricos presentado el viernes por el Ministerio de Medio Ambiente no cree necesarias reformas urgentes en beneficio del citricultor. La sorprendente conclusión del Gobierno central se basa en el supuesto hecho de que el margen del productor fluctúa “fuertemente entre pérdidas y ganancias de una campaña a otra” por lo que, en palabras del director general de Mercados Alimentarios, Francisco Mombiela, “el objetivo de la rentabilidad de la etapa de producción debe plantearse a medio-largo plazo”. Para el pre­sidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, negar la “evidencia de la ruina del citricultor es puro cinismo. Es como decirle a alguien que está en la UCI que tenga pa­­cien­cia, que puede seguir tran­­quilamente en la cama postrado durante meses o años, por­que no hay prisa”.




 

AVA-ASAJA tilda de “cínico” al Gobierno por concluir que no urge mejorar la renta del citricultor

El estudio encargado por el Observatorio de Precios del MARM toma como re­fe­ren­­­cia para analizar el proceso de conformación de los precios en los cítricos los datos de la campaña 2007/08. Una temporada que, por cierto, el propio informe matiza que fue “atípica” ya que “debido  a la menor producción se produjo un sensible in­cre­mento de los pre­­­cios con respecto a campañas anteriores, especialmente en origen”. Efectivamente, con­viene recordar que la tem­porada pasada estuvo marcada por una drástica e his­tórica reducción de la co­se­cha, con más de un millón de toneladas menos de lo que ve­nía sien­do habitual. “Si algo es ‘atípico’ es porque es diferente a lo normal. En sólo una de las últimas cinco campañas el citricultor tuvo algún beneficio, en el resto sólo acu­muló pérdidas, pero se ve que para el Gobierno la excepción es la norma”, denuncia Aguado.

Mombiela, eso sí, fue certero en su diagnóstico sobre las obligaciones que a este res­­pecto debería tener la Administración. Para el alto cargo ministerial, el Gobierno debe “promover un marco legislativo que impida abusos, propiciar el encuentro de todos los eslabones de la cadena y crear los instrumentos necesarios a favor de la transpa­ren­cia”. Recientemente, el propio Parlamento Europeo emitió un informe en esta misma línea en el que se llamaba tanto al ejecutivo comunitario como a los Estados miembros a legislar para minimizar los “abusos” que la gran distribución está ejerciendo contra los pro­duc­tores y aprobar mecanismos con los que aumentar la “transparencia” en la cadena ali­men­taria. En lugar de hacer tal cosa, Mombiela sugirió que el sector debiera “reaccionar” creando estructuras organizativas “capaces de adecuar la oferta a la demanda del mercado a través de la producción”.

Para Aguado resulta “inconcebible” que “en vez de encargar estudios para cum­plir con la obligación de la Administración y con el mandato europeo pro­po­niendo actuaciones en favor del eslabón más débil, se manipule la realidad y ade­más se ins­te al sector poco menos que a sacarse el sólo las castañas del fuego”.