El PP de Oliva denuncia las graves consecuencias de la gestión urbanística del PSOE


Los populares han salido hoy a la palestra para denunciar el abandono al que tiene sometidos el gobierno municipal a numerosos vecinos afectados por la política urbanística llevada a cabo desde las filas socialistas en los últimos años. Al Contencioso presentado por los propietarios de Aigua Blanca IV contra el Alcalde Fuster y la edil de Ordenación, se suman otros proyectos inacabados e injustas reparcelaciones que deben costear los vecinos.




 

El PP de Oliva denuncia las graves consecuencias de la gestión urbanística del PSOE

La desesperante situación de los propietarios perjudicados por la reparcelación de Aigua Blanca IV, les ha llevado en última instancia a recurrir a los tribunales e interponer un Contencioso Administrativo contra el Alcalde Fuster, la edil de Ordenación Amparo Tercero, el Técnico de Urbanismo y la Interventora Municipal. Ante los Juzgados de Primera Instancia de Gandia y a la espera de que su causa sea aceptada a trámite, los vecinos han denunciado la inoperancia de la administración local, que hasta la fecha no ha salvaguardado sus intereses.

 

El portavoz del grupo municipal popular, Frank Soria, contemplaba que la movilización vecinal de esta urbanización es un ejemplo a seguir, ya que pocos colectivos han llegado a reivindicar tan contundentemente su causa. Soria lamentaba que sean muchas otras urbanizaciones las que estén pendientes de urbanizar (Canyaes o Rabdells, entre otras) y que sean los vecinos, que ya han pagado los costes, los que sufran esta injusta situación.

 

Por otra parte, el edil popular denunciaba que el consistorio está engañando al ciudadano entorno a la concesión de las cédulas de habitabilidad, licencia urbanística municipal imprescindible para las viviendas de obra nueva o rehabilitación global y para dar de alta servicios de luz, agua o gas. Según Soria, desde la administración se ha exigido a determinados propietarios que presenten, entre la documentación requerida para la obtención de la licencia, el recibo que acredite el consumo de luz, cuando ésta supuestamente no ha sido todavía dada de alta y por tanto el particular no cuenta con ningún tipo de documento o recibo relacionado.

 

Fran Soria exigía responsabilidades y que el gobierno municipal ponga freno a toda esta serie de actuaciones, fruto de su mala planificación urbanística y que deben pagar injustamente vecinos y propietarios afectados.