AVA-ASAJA tilda de “abuso injustificable” la orden que obliga a todas las casas a tener interruptor de potencia


AVA-ASAJA denuncia el “abuso” y la “clara concesión recaudatoria a las eléctricas” que supondrá la aplicación de la orden que obliga a todas las viviendas a instalar antes del 1 de enero de 2010 los llamados ICP (los interruptores que saltan y cortan el suministro cuando los aparatos enchufados superan la potencia instalada). El conflicto está surgiendo en infinidad de ‘casas de pueblo’, con instalaciones eléctricas antiguas cuyo BIE (Boletín de Instalación Eléctrica) no permite contratar la potencia requerida y que tendrían que afrontar por ello costosas reparaciones. En caso de no montarse el citado ICP en el plazo dado, los precios por ‘potencia contratada’ se dispararían entre un 600% y un 1.200%. “Es lamentable que, sin mejorar el servicio ni el bienestar de los ciudadanos y sólo para satisfacer el afán de negocio de las eléctricas, el Gobierno nos complique la vida de esta manera”, advierte el presidente de esta organización agraria, Cristóbal Aguado.




 

AVA-ASAJA tilda de “abuso injustificable” la orden que obliga a todas las casas a tener interruptor de potencia

Las eléctricas están remitiendo cartas a los usuarios advir­tién­­doles de que instalen di­cho dispositivo. Si no se atiende el primer requerimiento, a los 20 días tales empresas envían una segunda misiva advirtiendo que –si transcurridos otros 20 días natu­rales no se ha procedido a su colocación- modificarán unilateralmente la factu­ra­­ción. Los usuarios que pudieran verse en tal situación verían elevada la facturación de la potencia a 20 Kw, con independencia de que tuvieran contratada una potencia menor. Así, un consumidor que tu­vie­ra, porque no ne­ce­si­tara más, 3 Kw de potencia, pasaría de pagar 4,96 euros/mes a 29,7 euros (un 600% más) y alguien que tuviera 5,5 Kw asumiría esta misma cantidad por lo que antes sólo le costaba 9,09 euros/mes (+326%). “El Gobierno, con la excusa de averiguar las necesi­da­des rea­les de potencia, está provocando gastos desor­bitados a multitud de agri­cul­to­res con casas vie­jas que no necesitan instalarse más potencia. La contratación debía aten­der a la necesidades de los consumos medios reales, no aplicar los máximos para así facturar más”, denuncia Aguado.

Efectivamente, en la inmensa mayoría de los casos, la potencia instalada en estos ho­gares se sitúa entre 3 y 5 Kw y para garantizar el perfecto funcionamiento de todos los electro­­do­­mésticos en casi ningún caso se requeriría de más de 10 Kw.