El PP saca adelante por unanimidad una iniciativa sobre el Defensor del Pueblo y los derechos de las personas con discapacidad


El Grupo Parlamentario Popular consiguió sacar adelante una proposición no de ley que insta al Defensor del Pueblo a desarrollar su acción a partir de los principios de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.




 

El PP saca adelante por unanimidad una iniciativa sobre el Defensor del Pueblo y los derechos de las personas con discapacidad

La respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PP por Valencia Inmaculada Bañuls dio paso a la iniciativa, que fue defendida por ella en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, en la que se invitó al Defensor del Pueblo a que su institución se impregne de la cultura, los principios y valores contenidos en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para vigilar la aplicación de los derechos y de las libertades, sobre todo mediante la supervisión de la actividad de las Administraciones Públicas y de sus efectos en la vida de los ciudadanos.

En cumplimiento de este mandato constitucional se promulgó la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que regula esta institución de derechos humanos, y que en su Art. 6 especifica su grado real de independencia, por encima de la acción del Gobierno.

La respuesta del Gobierno añade que “esa labor del Defensor del Pueblo se ha plasmado con una especial atención al ámbito de la discapacidad. No sólo por la investigación de las quejas ciudadanas sino también por la elaboración de estudios monográficos especializados sobre las personas con discapacidad.”

Sin embargo, es necesario adaptarse al nuevo enfoque en la concepción de la discapacidad que plantea la Convención. Como señaló la diputada durante su intervención en la Comisión, “el Grupo Parlamentario Popular entiende necesario que el Defensor del Pueblo, como parte de su misión y dentro de sus propias competencias, asuma las facultades previstas en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de protección y supervisión de la aplicación de la Convención de la ONU en España”.

 También recordó Bañuls el alcance de este tratado jurídico internacional de derechos humanos, afirmando que “la Convención garantiza que lo que se ha denominado como ‘la minoría más numerosa del mundo’ goce de los mismos derechos y oportunidades que todos los demás”.

Cabe recordar que tras la aprobación de la Convención en la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, España demostró su compromiso de respetar los derechos de las personas con discapacidad, con la firma y ratificación de la Convención y su Protocolo Facultativo en 2007, y está vigente en nuestro país desde mayo de 2008.

El Grupo Parlamentario Popular es consciente de que aplicar la Convención no solamente exige legislación y políticas adecuadas, sino que también requiere recursos e instituciones que posean la capacidad necesaria para aplicar y supervisar esas leyes y políticas y, en esa línea, se ha presentado esta Proposición que ha recibido el respaldo de la Comisión.