El Secretario Autonómico de Administraciones Públicas Rafael Peset presenta en Gandia la implantación de la administración electrónica y adaptación a la TDT


Peset también ha destacado la importancia de adaptarse a las nuevas necesidades y demandas sociales que vienen marcadas por la propia dinámica del siglo XXI.




 

El Secretario Autonómico de Administraciones Públicas Rafael Peset presenta en Gandia la implantación de la administración electrónica y adaptación a la TDT

El Secretario Autonómico de Administraciones Públicas de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, Rafael Peset, ha comparecido en rueda de prensa  esta mañana en la sede comarcal del  Partido Popular de Gandia, para tratar el tema de la implantación de las nuevas tecnologías de la administración electrónica en la administración Local y de las TDT para adaptar todos los municipios a los servicios que ofrecen las mejoras de las nuevas tecnológicas.

El Secretario Autonómico de Administraciones Públicas de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, Rafael Peset, ha destacado el esfuerzo inversor del gobierno valenciano de la Generalitat porque el acuerdo que las administraciones locales pactaron con el gobierno, no terminaba de cubrir las necesidades de todos los municipios, ya que dejaba a más de 150 poblaciones sin cobertura de televisión para las nuevas tecnologías.

Por último, ha destacado la mejora de las tareas diarias de los ciudadanos gracias a las nuevas tecnologías y nuevas redes sociales como Tuenty o Facebook entre otros portales que ofrece hoy en día la red mundial de internet.

En otro orden de cosas, Rafael Peset, ha aprovechado también su comparecencia ante los Medios de Comunicación para informar que en breve será abierto el concurso para la concesión de licencias de Televisión para su implantación definitiva en formato digital conocido como TDT para las televisiones locales y comarcales. Peset ha manifestado que en caso que una televisión pudiera emitir en TDT antes de la fecha del concurso, no sería lícito puesto que estaría fuera de la ley. Y por consiguiente la Justicia estaría obligada a actuar de oficio contra dichas empresas ilegales.