Joves Socialistes de la Safor Valldigna denuncia el boicot de la Generalitat Valenciana a la Ley de Dependencia


Joves Socialistes de La Safor-Valldigna denuncia la parálisis que el gobierno de Francisco Camps ejerce en las políticas de Sociales, especialmente, con la Ley de Autonomía Personal y atención a la personas en situación de dependencia.




 

Joves Socialistes de la Safor Valldigna denuncia el boicot de la Generalitat Valenciana a la Ley de Dependencia

Para Pepe Frasquet, “El PP se equivoca al boicotear, por intereses electorales, la Ley de Dependencia, traicionando a centenares de familias de La Safor”.

 

El conseller Cotino, "no otorga las ayudas ni a un tercio de las solicitudes,  presentadas”. José Manuel Prieto, Secretario de Organización, “Es intolerable que en el País Valenciano, hayan 280.000 personas con derecho a percibir esta ayuda y el gobierno del PP se dedique a poner obstáculos a una ley que pretende que vivan dignamente ".

 

Joves Socialistes, pide responsabilidad y seriedad al gobierno del PP, al señor Francisco Camps y a su conseller Cotino. No se puede consentir que muera ni una sola persona más, sin que le lleguen las ayudas económicas y materiales a las que tienen derecho por ley y a las que no acceden por culpa de la mala gestión de la Generalitat.

 

Según Pepe Frasquet “esta situación es un nuevo ejemplo de la incoherencia del PP, que además de perjudicar a los dependientes, impide la creación de los nuevos puestos de trabajo que se generarían con la aplicación real y responsable de la Ley de Dependencia”.

 

Por otro lado, JSPV destacó que con la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, se crearían en España 600.000 puestos de trabajo hasta 2015, relacionados con el cuidado y atención de personas mayores y con discapacidad, que implicarán a psicólogos, pedagogos, médicos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, sociólogos, abogados, trabajadores sociales, auxiliares geriátricos además de servicios auxiliares.

 

Joves Socialistes cree que se debe de actuar para conseguir un adecuado y suficiente desarrollo de la ley, para no dejar sin protección social a las personas mayores, con discapacidad o enfermedad y a sus familias.