El BLOC propone recuperar y liberar de peajes la AP-7


Los nacionalistas proponen la creación de un Fondo para la recuperación de la infraestructura viaria AP-7, el rescate selectivo de tramos estratégicos y la subvención de peajes para los usuarios.




 

El BLOC propone recuperar y liberar de peajes la AP-7

El Síndico del Grupo Parlamentario Compromiso y Secretario General del BLOC, Enric Morera, ha presentado la Proposición de Ley sobre el rescate del AP-7, con el objetivo de evitar las discriminaciones que significan los peajes actuales y el lastre que supone el modelo actual de uso y explotación del AP-7 para el crecimiento económico valenciano.

Morera ha manifestado que la recuperación del AP-7 para un uso libre de peajes ha sido una antigua reivindicación de municipios, entidades vecinales y empresariales que han visto como esta infraestructura viaria condicionaba sus actividades y desarrollo sin recibir a cambio, ningún beneficio que compensara las desventajas de su existencia.

Muchas de las ciudades y pueblos que vieran construir el AP-7 no pudieran participar de manera decisoria con respecto a la oportunidad de su construcción o de su diseño concreto. A partir de ese momento, la recuperación de tan importante infraestructura constituye una reivindicación histórica que, no obstante, no ha estado estimada por los sucesivos gobiernos autonómicos y estatales.

La prórroga de la concesión del AP-7, aprobada en 1997, con una fecha de finalización fijada para el 2019  ha impedido que la autopista ofrezca un servicio eficiente aprovechando todas sus potencialidades, condicionando el desarrollo del territorio, el modelo social, demográfico y económico y la calidad de vida de todo el país.

Las empresas adjudicatarias han obtenido, no obstante, importantes ventajas fiscales y económicas como seguros de cambio, avales del Estado, desgravaciones sobre beneficios empresariales o la exoneración del pago del impuesto de bienes inmuebles entre otros.

Hay que señalar también que, a diferencia de la administración estatal y autonómica, los municipios por los que discurre el AP-7 no han recibido ingresos tributarios resultantes de esta actividad económica. Muchos de ellos no pueden ni tan siquiera acceder en la autopista para mejorar su comunicación por no disponer de accesos próximos. Así, los ciudadanos perciben esta infraestructura de comunicación como una muralla insalvable y su territorio en un mero apoyo para el paso de vehículos y paisaje de acompañamiento para los conductores.

La economía valenciana constituye una de las cinco economías que empujan el PIB estatal y su devenir incide en el desarrollo del modelo económico productivo global. LA Autopista del Mediterráneo ha supuesto un instrumento al servicio de la consolidación de un modelo productivo basado en el turismo costero y el crecimiento de los núcleos urbanos orientados a los servicios, pero su futuro se ha evidenciado por la actual crisis económica. En consecuencia, mantener una infraestructura viaria como el AP-7 en las mismas condiciones de uso y explotación como si nada hubiere ocurrido supone un obstáculo para el desarrollo de uno renovado modelo productivo que condiciono favorablemente las posibilidades de inversión y consecuentemente el desarrollo de los nuevos nichos productivos. Un nuevo modelo, que sin duda, debe plantear objetivos medioambientalmente sostenibles como la reducción del impacto que supone el desdoblamiento de infraestructuras en función de su condición del pago o el uso gratuito.

Nada justifica que la infraestructura viaria más importante en la Comunidad Valenciana sea de peaje cuando comparativamente con otras comunidades esas mismas infraestructuras son libres y gratuitas para los usuarios. Esta infraestructura ha estado claramente desvertebradora del territorio valenciano y por otro lado, se ha convertido en el elemento que obliga a ocupar más espacio para realizar las variantes no previstas o impedidas físicamente por la misma existencia de la autopista. La liberación del AP-7 significaría, sin duda, frenar la ocupación del territorio y poder destinar recursos a otros áreas prioritarias de la gestión pública.

Así, la sostenibilidad medioambiental constituye un argumento que, por si solo, ya sería suficiente para justificar una acción decidida de su recuperación, porque la liberación de la autopista significa incrementar la eficiencia en el uso de una infraestructura ya existente limitando la construcción de nuevas infraestructuras, al mismo tiempo que se debe insistir que esta liberación de peaje y recuperación para un uso público no entra en contradicción con la opción de impulsar otros modos de transporte como el ferrocarril, porque con eso no se favorece el uso del vehículo de motor sino su puesta a disposición para evitar la necesidad otra vías paralelas o variantes.

Una correcta política de infraestructuras en nuestro territorio requiere incrementar la inversión pública, pero asignando los recursos preferentemente a las infraestructuras con un elevado potencial de incidencia en el incremento de la productividad y realizar una gestión eficiente que evito la duplicidad de las infraestructuras, lo cual sucedería si se mantuviera el actual modelo de uso y explotación del AP-7. Además, es necesario realizar una planificación sostenible para prever el incremento de la demanda de los servicios de transporte de mercancías y de pasajeros en el futuro inmediato. También es necesario aproximarse a Europa y a las condiciones que la Unión Europea exige para la red transeuropea: permitir una utilización óptima de las capacidades existentes, cubrir todo el territorio, tener en cuenta el incremento de las redes viarias del resto de países de la cuenca mediterránea y, sobretodo, ofrecer a los usuarios infraestructuras y servicios en unas condiciones económicas satisfactorias.

Solo con estas medidas se podría evitar las discriminaciones que significan los peajes actuales y el lastre que supone el modelo actual de uso y explotación del AP-7 para el crecimiento económico de la Comunidad Valenciana.

Esta ley también propone el método para crear el fondo necesario para la recuperación del AP-7 para uso público libre de pago por sus usuarios. No obstante, en el necesario cálculo que se debe efectuar por parte de las administraciones públicas para satisfacer el coste de rescate anticipado deben considerarse conceptos como las ventajas tributarias de que se ha beneficiado la empresa concesionaria y el importe recaudado por el Estado como impuestos.

La aprobación de esta proposición de ley también debe suponer a su vez la liquidación para cualquier opción para la prórroga de la concesión más acullá de 2019 y que se determinan aquellos tramos de autopista que por su funcionalidad deberán ser declarados recuperables por razones estratégicas, traspasando su gestión a la administración pública autonómica libre de cargas y en condiciones de uso óptimo. Igualmente acuerda que se proceda al estudio del rescate de aquellos tramos de autopista que resulto posible, libre de cargas y en condiciones de uso óptimo a partir de los recursos depositados en el Fondo de Reversión y en el futuro Fondo de Recuperación los cuales permitirían de forma inmediata disponer de tramos libres en los principales núcleos urbanos.