Los afectados por la Ley de Costas de Oliva recurrirán a la vía judicial


Ya ha concluido el trámite administrativo de un deslinde que se lleva practicando en la playa de Oliva desde junio desde 2008. Un plazo que tuvo la administración para desarrollar este deslinde que afectará completamente a los vecinos propietarios de las urbanizaciones que habitan en primera línea de playa.




 

Los afectados por la Ley de Costas de Oliva recurrirán a la vía judicial

Acabado este período, los afectados se sienten fracasados por todas las medidas jurídicas y personales que desde la Asociación de Vecinos han desarrollado a lo largo de estos años. Ya que pese a las alegaciones de la Conselleria, del Ayuntamiento de Oliva y de los mismos vecinos, la Demarcación de Costas continúa adelante con su decisión.

 

Aún así y según destacaba el portavoz de la Asociación de Vecinos afectados por este deslinde, Vicent Barreres, “no nos quedaremos de brazos cruzados recurriremos vía judicial, vía contencioso administrativo o presentaremos un recurso sobre la misma administración, para evitar que esa línea sea definitiva”.

 

Para esta actuación, la Demarcación de Costas ha aplicado la ley de Costas del 88, la única que está en vigor, que tiene “interés, salvo en el aspecto que relaciona con los propietarios afectados, en cual caso se convierte en una barbaridad y una aberración jurídica”. Para Barreres, “la administración que aplica esta ley exagera sus efectos siempre en perjuicio del que involuntariamente se ve inmerso en este proceso de delimitación”.

 

En Oliva, esta actuación provocará que se pierdan propiedades y derechos sobre la propiedad de las que los afectados no recibirán ninguna indemnización. Según Barreres, los que administran la ley están maximizando los efectos negativos de esta, sin que se beneficie a ninguno, y “chafando” un derecho que consagra la Constitución que es el derecho a la propiedad privada.

 

Los afectados ya recurrieron a Europa en protesta por cómo les afectaba esta normativa, y desde la Cámara Europea se dispuso que no se podía intervenir en la legislación española, aunque sí se hacía una seria advertencia sobre la arbitrariedad con que se aplicaba la norma en unas zonas y no en otras, dado que según la exposición realizada por los vecinos afectados, si se aplicase esta norma de forma tan estricta como se hace en Oliva en otras localidades, nos encontraríamos con que el Centro Histórico de San Sebastián se vería igualmente afectado, algo que ahora no se contempla.

 

Desde la asociación de afectados por la Ley de Costas, no quieren perjudicar a otras poblaciones, pero entienden que no hay motivos suficientes para justificar la aplicación estricta de la norma en Oliva y no en otras localidades. Ahora han de esperar a la resolución definitiva del Parlamento Europeo, que esperan sea favorable a los propietarios.

 

Por su parte, las autoridades políticas han mostrado su apoyo y disconformidad ante esta “barbaridad” que se ha visto plasmada en alegaciones, pero el resultado final ha sido que el Gobierno Central, en este caso Costas, continúa adelante con el proceso. Al respecto, se ha pronunciado el portavoz popular, Fran Soria, quien aseguraba que “se trata de una medida abusiva y arbitraria que crea una inseguridad jurídica hacia los ciudadanos que hicieron sus inversiones en unas urbanizaciones regidas por una legislación”.

 

Por su parte, el portavoz socialista, Vicent Sabater, aseguraba que “nos hemos sorprendido ante esta decisión inesperada que ha tomado la Demarcación de Costas, ya que tras diversas reuniones no esperábamos este resultado”.

 

Desde el Gobierno Municipal aseguran que insistirán en las alegaciones y, reclaman la colaboración de los propietarios afectados para hacer frente a esta situación.