Piles: El alcalde Vicent Císcar absuelto de un presunto delito de prevaricación


El Alcalde de Piles, Vicent Ciscar, ha celebrado esta mañana una rueda de prensa en la Sede de la Mancomunidad de Municipios de La Safor, para explicar a los medios de comunicación, los detalles de la sentencia, que le absuelve a él como Alcalde y al Secretario del Ayuntamiento de Piles, Gustavo Gass, de un presunto delito de prevaricación.




 

Piles: El alcalde Vicent Císcar absuelto de un presunto delito de prevaricación

El Juzgado de lo Penal de Gandia ha absuelto al alcalde de Piles y al secretario municipal de un presunto delito de prevaricación, tras concluir un proceso que iniciaba en el año 1.999 el entonces concejal de Coalició Valenciana, Pedro Román, en el que les denunciaba por haber enviado a la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, las cuentas municipales desde el año 1.998 al 2.000, presuntamente sin haber pasado antes por el pleno municipal.

La Justicia niega que exista prevaricación, prevista en el Código Penal, pero sí una ilegalidad administrativa, al haber tardado demasiado tiempo en presentar dichas cuentas. Císcar insiste que la Sindicatura sí recibía puntualmente un avance explicativo de la liquidación de cuentas municipales, así como un reconocimiento de que remitirían a este organismo toda la documentación, cuando se aprobara por el pleno del Ayuntamiento.

El Alcalde de Piles, Vicent Ciscar, ha mostrado su satisfacción por una sentencia que le da la razón al propio Alcalde de Piles y al Secretario del Ayuntamiento ante la denuncia interpuesta en el año 2.000, por el concejal del grupo independiente Pedro Román, solicitándole las cuentas económicas del año 1.999.

El Alcalde de Piles, ya convocó hace 2 años una rueda de prensa para dar a conocer la sentencia judicial que le remitió el Tribunal de Cuentas y que desestimaba la demanda que presentó el entonces concejal de Coalición Valenciana, Pedro Román, contra él y el Secretario del Ayuntamiento, Gustavo Gass, en el año 2.004, acusándolos de varios cargos relacionados con un ‘dudoso’ uso de parte del dinero procedente de las arcas municipales y que en total ascendía a 260.00 euros, pero que poco después fue reducido a cerca de 90.000 euros por la parte demandante.