Iniciativa per Compromís-Equo exige la continuidad de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Gandia


La nueva empresa concesionaria aprovecha un informe jurídico del Ayuntamiento de Gandia hecho a medida para posibilitar el despido de las trabajadoras contra lo estipulado en el estatuto de los trabajadores.




 

Iniciativa per Compromís-Equo exige la continuidad de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Gandia

Iniciativa per Compromís-Equo de Gandia muestra su apoyo a las once trabajadoras del Servicio Público de Ayuda a Domicilio que piden mantener su puesto de trabajo. La renovación del contrato SAD, por parte del gobierno local con una nueva concesionaria, hará que las once mujeres, la mayor parte de ellas con cargas familiares i en edad de padecer alto riesgo de exclusión laboral, queden en el paro por la negativa de la nueva empresa privada a subrogar a ninguna trabajadora, postura avalada por el actual gobierno del PP.

Con este servicio social el Ayuntamiento debería abonar 1.400 horas de ayuda a domicilio a los discapacitados físicos o psíquicos i enfermos terminales de Gandia. Incomprensiblemente, a pesar de la fuerte demanda, en realidad el Ayuntamiento solo abona actualmente 1.000 horas para ahorrar más del 30% del presupuesto, lo cual obliga a las empresas a reducir poco más de 500 euros mensuales el sueldo de sus trabajadoras.

Iniciativa per Compromís-Equo exige al Ayuntamiento de Gandia que repiense su decisión desfavorable a la subrogación de las once trabajadoras i que acuerde el mantenimiento de la plantilla y que no recorte 400 horas la oferta mensual de asistencia para los ciudadanos de Gandia. Recuerdan que el Alcalde Arturo Torró afirmó que no recortaría en Bienestar Social y, en este caso, ya está reduciendo drásticamente un servicio fundamental como es el SAD.

El portavoz local de Iniciativa per Compromís-Equo de Gandia, Eloi Pomar, espera que el próximo jueves el Tribunal de Arbitraje Laboral evite este hecho antisocial del Ayuntamiento de Gandia. Pomar ha añadido que el Ayuntamiento debería plantearse seriamente si enviar al paro a unas trabajadoras con años de experiencia, un sueldo muy reducido por una jornada de 40 horas y que han estado efectuando un trabajo fundamental para personas enfermas de cáncer y personas discapacitadas, en el cual la confianza de los usuarios y de las trabajadoras es fundamental, resulta una política social coherente.