Colapso judicial en Gandia por falta de personal


La Dirección General de Justicia no ha cubierto las 2 vacantes desde hace casi 2 meses.




 

Colapso judicial en Gandia por falta de personal

Intersindical Justicia ha vuelto a denunciar la gravísima situación que sufren los Juzgados del partido judicial de Gandia (Valencia) por falta de personal. Dichos juzgados dan servicio a una población total de más de 150.000 personas. De mantenerse la situación de dejadez de los responsables políticos valencianos en materia de justicia, el riesgo de colapso judicial en este partido judicial está garantizado.

A lo ya denunciado en anteriores comunicados en cuanto a la falta de medios materiales, como son el papel, tóner de impresoras, etc. Ahora se añade la carencia de personal para atender los órganos judiciales.

El Conseller de Justicia Sr. Cabré  es el responsable directo  de la falta de personal en los órganos judiciales de Gandia (Valencia). Obviando sus responsabilidades en cuanto a la dotación de personal para los juzgados y tribunales de la Comunidad Valenciana, olvida que la justicia es un servicio público esencial para la ciudadanía y a su vez, uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de derecho.

El caso más flagrante lo constituye el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de dicha localidad, encargado de la tramitación de asuntos civiles. Con unas previsiones de superar los 2200 asuntos al finalizar el presente año, cuenta con una plantilla de 8 funcionarios. Como  consecuencia del último concurso de traslados resuelto el pasado 7 de noviembre, actualmente trabajan en dicho órgano judicial  sólo 6 funcionarios.

La Dirección General de Justicia no ha cubierto las 2 vacantes desde hace casi dos meses. Idéntica situación en cuanto a la no cobertura de plazas vacantes la soportan el Juzgados de 1ª Instancia nº 5, el Juzgado de lo Penal y el Registro Civil de dicha localidad.

Asimismo, el plan de refuerzo que daba cobertura  al  Juzgado de lo Penal de Gandía finalizó el pasado  30 de noviembre, sin haber sido renovado, contando por tanto en estos momentos con 3 funcionarias menos, lo que aumenta el riesgo de posibles prescripciones de delitos y penas.