Los vecinos del Sector 15, Monjes Clarises, se quedan sin gas ciudad


El Consistorio ha remitido sendas notificaciones a más de un centenar de domicilios afectados, a la empresa promotora de la urbasnización, CONSTRUCCIONES JUST y a la empresa suministradora, REPSOL YPF, advirtiéndoles del cierre del servicio y desmontaje de las instalaciones el viernes 16 de junio, en cumplimiento de una orden de ejecución por infracción urbanística. Infracción que se remonta a cerca de 6 años.




 

Los vecinos afectados por la medida, se encuentran indignados, no sólo porque se vayan a quedar sin un servicio que tienen contratado, en algunos casos desde hace más de cinco años, sino fundamentalmente porque no entienden cómo si la infracción se inicia hace casi seis años, y se denuncia ya en la pasada legislatura, no se ha conseguido encontrar una solución satisfactoria para la misma.

Los hechos se remontan a la promoción de viviendas, mayoritariamente unifamiliares en el sector 15, Monjes Clarises de Oliva, viviendas que tenían incluido el servicio de gas ciudad. Dicha promoción la realizaba la empresa Construcciones Just y contrató el servicio de gas a Repsol YPF. El problema se origina cuando Repsol instala el depósito de gas en una parcela calificada como de zona verde municipal, parcela que no puede contener dicho depósito.

Con el tiempo, los propios vecinos de la zona, una minoría, denunciaron ante el consistorio la infracción urbanística, solicitando que se retirara de la parcela el depósito, denuncia que reiteraron ante el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, quien les dio la razón.

Ante dicha situación, el alcalde de Oliva ha mantenido varias reuniones con los vecinos, tanto los denunciantes como los afectados, así como también con las dos empresas implicadas en busca de una solución que no pasara por el cierre del servicio. El pasado octubre se dio un plazo de cerca de seis meses a la distribuidora para encontrar una solución. El plazo ha finalizado sobradamente, y ante la pasividad municipal, los vecinos denunciantes han iniciado trámites judiciales.

Esta ha sido la causa por la que el consistorio, consciente de la ilegalidad manifiesta y con la determinación de no sumergirse en un pleito que a todas luces está perdido de antemano, ha concluido con la decisión de ejecutar la orden de clausura del servicio y retirada del depósito