Torró y Soler plantan al juez en el litigio por los despidos de Gandia TV


El magistrado del juzgado de lo social número 12 de Valencia se quedó ayer esperando a dos testigos.




 

Torró y Soler plantan al juez en el litigio por los despidos de Gandia TV

En la sala se celebró el juicio que enfrentaba a los extrabajadores de Gandia Televisió y al Ayuntamiento, pero dos de los principales declarantes no se presentaron: el alcalde de Gandia, Arturo Torró, y el edil y expresidente de Iniciatives de Comunicació, Víctor Soler. Los exempleados acudieron a la justicia para exigir indemnizaciones tras el cierre de la emisora.

La vista citó ayer en Valencia a Torró y a Soler, como parte del contencioso y responsables del gobierno durante la clausura de la cadena, pero los ediles no acudieron.

Quienes sí se presentaron fueron la treintena de profesionales cesados, el socialista Vicent Mascarell y el concejal del Bloc Josep Miquel Moya, también citados. Pero, al parecer, tanto Torró como Soler esgrimieron diferentes motivos para excusar su presencia y por parte del gobierno sólo acudió el abogado del Ayuntamiento, Eduardo Costa.
En la sala se dieron cita hasta cinco letrados, que representaban a Gandia y a los ex trabajadores. El pleitó se celebró con los asistentes, pero ahora el magistrado valorará si los argumentos de Torró y Soler son válidos. De lo contrario el juez podría multar a los ediles con algún tipo de sanción económica. Ante este hecho, Mascarell lamentó «el gesto de desprecio a la justicia y a los derechos de los trabajadores» de Torró y Soler por no acudir al juicio.

«Esto es obligatorio, todos los ciudadanos tienen la obligación de colaborar con la justicia». El edil Moya se manifestó en términos parecidos. Dijo que el gobierno sólo envió al abogado y lamentó que el alcalde no acudieran a dar su testimonio.

Los profesionales acudieron a la justicia para exigir indemnizaciones tras ser despedidos de la emisora. Y es que el ejectivo del Partido Popular de Gandia clausuró la cadena a los pocos meses de acceder al gobierno alegando que emitía sin licencia y que pretendía legalizarla.
Por este motivo dio por terminado el contrato con la productora RCM, encargada de suministrar contenidos a la televisión. Esta empresa se vio obligada a realizar un ERE y los más de treinta empleados -periodistas y técnicos- se quedaron sin trabajo.

Desde ese momento, los ex trabajadores han reclamado indemnizaciones al Ayuntamiento, al ser el propietario de la emisora, pero desde el gobierno del PP entienden que estos profesionales no trabajaban para el Consistorio sino para la productora. Todo esto ha generado multitud de protestas por parte de los ex empleados.