Una sentencia obliga al Ayuntamiento a pagar los despidos de Gandia TV


Según el fallo judicial, es la empresa municipal la que decide el despido de los trabajadores.




 

Una sentencia obliga al Ayuntamiento a pagar los despidos de Gandia TV

La empresa Iniciatives de Comunicació, de la que es socio único el Ayuntamiento de Gandia, deberá responsabilizarse de los despidos de los trabajadores de Gandia Televisió, la emisora cerrada por el gobierno local del PP en julio del año pasado, a las tres semanas de tener la alcaldía. El Juzgado de lo Social número 12 de Valencia ha emitido una sentencia que establece que la cooperativa RMC, que contrataba a la mayoría de los trabajadores, estaba plenamente subordinada a Iniciatives de Comunicació, que era quien pagaba el salario a través del dinero que, a su vez, transfería el Ayuntamiento de Gandia. Según el fallo judicial, es la empresa municipal la que decide el despido de los trabajadores, de la misma manera que había venido siendo la que llevaba la dirección de RMC. El juez determina que Iniciatives de Comunicació es la auténtica dueña de Gandia Televisió y, por lo tanto, obliga a la empresa municipal a hacerse cargo de los despidos y de las indemnizaciones.

La sentencia se refiere a un solo trabajador, Alexandre Ruiz Gadea, quien deberá ser indemnizado con más de 20.000 euros, cifra a la que se suman cerca de 30.000 euros más en concepto de pagos a la Seguridad Social que no se han abonado en los más de 6 años en estuvo trabajando. Pero el abogado que ha llevado este pleito no tiene ninguna duda de que la sentencia es aplicable al resto de los 24 trabajadores despedidos y que también han presentado demandas contra RMC, Iniciatives de Comunicació y el propio ayuntamiento, que tendría que hacer frente al pago de cientos de miles de euros, una cifra que en estos momentos es difícil determinar con exactitud porque cada caso es diferente. La sentencia, que puede ser recurrida por el ayuntamiento, considera probado que, entre la cooperativa RMC y la empresa Iniciatives de Comunicació se ha producido una «cesión ilegal» de trabajadores y mano de obra, dado que «RMC no realizaba ninguna otra función» más que la que «le encomendaban con instrucciones directas los directivos de Iniciatives de la Comunicació».