60 familias de Oliva denuncian la depuradora del Sur por ilegal


La depuradora se encuentra a tan sólo 20 metros de las viviendas, una distancia que no se ajusta a la normativa medioambiental.




 

60 familias de Oliva denuncian la depuradora del Sur por ilegal

Más de 60 familias que veranean en los residenciales Club Sevilla 4 y 5 de Oliva, están hartos de aguantar los olores, ruidos y molestias que causa una depuradora de la ciudad, Camping San Fernando, que se encuentra a tan sólo 20 metros de las viviendas. Una distancia que no se ajusta a la normativa medioambiental que establece que este tipo de infraestructuras, deben estar como mínimo a dos kilómetros del núcleo urbano. Una de las mayores molestias que sufren los residentes desde hace ya tres veranos son las plagas de mosquitos, además de los malos olores y los ruidos que emanan de la depuradora. Para evitar estas molestias, los vecinos exigen trasladar, soterrar, cubrir o demoler la depuradora. Una quinta opción, a propuesta de los residentes, ya desesperados por esta situación, es la de minorizar los olores a través de tratamientos químicos.

Las familias afectadas se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Oliva a través de sus abogados, sin obtener ninguna respuesta por parte de la anterior alcaldesa de la ciudad, Chelo Escrivà. Y ahora, con el nuevo gobierno, los residentes tienen la esperanza de que el tema, al menos, esté sobre la mesa, ya que, tras las conversaciones telefónicas con el Alcalde, David González, ya hay buenas intenciones.

Estos entienden que el Consistorio no tenga liquidez para llevar a cabo estas medidas, pero exigen una solución y para ello también se han puesto en contacto con la Generalitat, aunque, según afirman, se van pasando la pelota de unos a otros y nadie hace nada. El Alcalde, David González, señaló que, de momento, han tomado una medida temporal que es trasladar parte de los residuos a otra zona y que en septiembre se reunirá con el responsable autonómico encargado de estos asuntos.

La denuncia no es sólo contra las administraciones públicas, sino también contra la promotora que vendió las viviendas a los propietarios, ya que cuando compraron sus casas hace 5 años, desde la promotora les aseguraron que la depuradora cerraría en 6 meses porque iban a construir una nueva a 5 kilómetros. Los abogados estudian acciones civiles y penales contra la promotora por incumplir la normativa urbanística y la medioambiental.