Oliva rechaza la cesión de la Cámara Agraria al no poder asumir la rehabilitación del edificio


La Cámara Agraria de Oliva es un edificio situado en la carretera del Convent, frente a la plaza Joan Baptista Escrivà.




 

Oliva rechaza la cesión de la Cámara Agraria al no poder asumir la rehabilitación del edificio

El gobierno de Oliva descarta la cesión temporal para 10 años del edificio de la Cámara Agraria de la ciudad por parte de la Conselleria porque una de las principales condiciones de esta operación es que el Ayuntamiento cubra los gastos de rehabilitación y mantenimiento del centro que, como señalaron desde el gobierno, «está en ruinas» y supondría un gasto económico que Oliva no puede asumir y que rondaría los 425.00 euros, «que deberían pagar los ciudadanos por la negligencia del Consell».

Con ello, el gobierno responde a las acusaciones del PP, que exigía que la cesión se aprobase en el pleno y que, con ello, concluyesen los trámites que los populares habían iniciado cuando estaban en el gobierno con el fin de abrir el centro.

«El PP antepone sus intereses partidistas a los de los ciudadanos pretendiendo aceptar una cesión temporal que le hubiera costado miles de euros a la ciudad en beneficio de la Conselleria de Sanitat, actual propietaria de la antigua Cámara Agraria Local y que tiene el edificio en situación de ruina por abandono», explicaron.

La Cámara Agraria de Oliva es un edificio situado en la carretera del Convent, frente a la plaza Joan Baptista Escrivà y, según el gobierno, está en desuso desde 1993 y han sido varias las consellerias que han ostentado su propiedad.

En numerosas ocasiones, el vecindario ha manifestado su malestar por las molestias que provoca el abandono del edificio (humedades, deterioros) y el Ayuntamiento ha notificado esta situación a las diferentes consellerias y les ha recordado su obligación de mantener el edificio en condiciones óptimas.

El gobierno aportó un informe del arquitecto municipal del 6 de septiembre en el que se indica que no se han realizado «labores de conservación», lo que ha provocado que el deterioro del edificio sea «inaceptable» y suponga «unos costes de rehabilitación por encima del deber legal de conservación». El arquitecto concluyó que el edificio se encuentra en «en estado de ruina legal» y propusiera la no aceptación de la concesión.