El TSJ obliga a Villalonga a readmitir a dos empleadas despedidas en 2011


Por discriminación política e impone las costas al Ayuntamiento de Villalonga, obligando a readmitir, pagar los salarios de tramitación y los costes sociales.




 

El TSJ obliga a Villalonga a readmitir a dos empleadas despedidas en 2011

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha fallado en contra del Ayuntamiento de Villalonga. El tribunal ha condenado al gobierno local a readmitir a dos empleadas municipales de las que prescindió en diciembre de 2011. Aunque se da la paradoja de que estas trabajadoras volvieron a sus puestos de trabajo en septiembre de 2012. Los hechos arrancaron a finales de 2011. El gobierno local, un bipartito formado por el PSOE y Compromís y liderado por el socialista Enric Llorca, despidió a dos trabajadoras locales dentro del plan de ajuste que pusieron en marcha para, según ellos, sanear la economía del municipio. El bipartito llevó a cabo más despidos en distintas áreas, más de diez, pero estas dos empleadas consideraron que su despido no era procedente y pusieron una denuncia ante el Juzgado de lo Social. Las trabajadoras desempeñaban su labor en el Centro de Salud y en la guardería municipal.

Esta demanda dio la razón a las funcionarias. La sentencia establecía que el gobierno tenía la obligación de volver a contratar a las empleadas y abonarles los meses transcurridos y liquidar los pagos a la Seguridad Social. Pero el bipartito no aceptó este fallo y recurrió la sentencia ante el TSJ. Sin embargo, unos meses después y pese a haber recurrido la sentencia el gobierno volvió a contratar a las mujeres para sus puestos de trabajo. El 1 de septiembre de 2012, las empleadas se incorporaron a sus plazas en el Centro de Salud y en la escoleta municipal.