El despido del jefe de los servicios jurídicos, fue improcedente


La juez del Tribunal Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia ha dejado muy claro en la sentencia dictada hace apenas unos días, que el despido de Eduardo Costa, Jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Gandia, fue improcedente. Cabe destacar que el despido se produjo en septiembre de 2003, y que la sentencia no sólo condena al ayuntamiento a reincorporarlo al puesto que ocupaba, sino también a indemnizarlo con una cantidad equivalente al sueldo de los tres últimos años que el letrado dejó de percibir




 

El despido de Eduardo costa, Jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Gandia hasta 2003, se produjo tras un proceso de expedientación, con clausura y precintado del despacho del letrado, así como del ordenador personal y documentación del mismo, con presencia policial y gran revuelo en el propio consistorio.

En aquel momento, el gobierno municipal acusó al letrado de haber realizado, durante su jornada laboral, es decir con cargo a los presupestos municipales, asesoramiento a otros consistorios y al grupo de la oposición, es decir al PP, con un claro perjuicio económico para el Ayuntamiento de Gandia y también un perjuicio jurídico por no defender los intereses del gobierno municipal.

En aquel momento ya se produjo una gran polémica sobre el modo en que se había realizado el expediente, la instrucción y conclusión del mismo, que fue la separación del servicio del funcionario, es decir, el despido. Ante esta situación el propio Costa recurrió presentando un contencioso administrativo por entender que el despido había sido improcedente y que la expedientación se había llevado a cabo de forma irregular y no concluyente.

Ahora los tribunales dan la razón al letrado y condenan al consistorio a reincorporar a Costa a su puesto de trabajo, así como a indemnizarlo con el pago del sueldo de los tres últimos años. La sentencia no es firme, dado que cabe recurso contra la misma, recurso que de momento no se sabe si va a interponer el gobierno municipal, que ha declinado hacer declaraciones hasta haber estudiado en profundidad la sentencia.

Esta sentencia se une a la que hace pocas semanas daba a conocer el PP, en la que los tribunales también consideraban que la contratación de servicios jurídicos externos por parte del gobierno municipal no se había ajustado a derecho.