El PSOE de Gandia presenta alegaciones al plan de la Marjal


Los socialistas en el Ayuntamiento de Gandia han pedido hoy al Gobierno del PP la retirada del proyecto de construcción de un campo de golf en el marjal de Gandia, “no sólo por el severo impacto ambiental que supondría, sino también por su poca aceptación social, su carencia de atractivo turístico y su nula viabilidad económica”.




 

El PSOE de Gandia presenta alegaciones al plan de la Marjal

Los socialistas han presentado hoy las alegaciones al Plan Especial del Marjal por considerar que el “único objetivo real” del PP para aprobar este Plan es “hacer jurídicamente posible la ubicación de un campo de golf en terrenos protegidos”.

El socialista Vicent Mascarell ha explicado que el sector donde el PP pretende ubicar el campo de golf está clasificado como suelo no urbanizable protegido y en él predominan los usos agrícolas, hábitats de interés comunitario, lagos naturales, prados húmedos, fauna catalogada, acequias y canalizaciones. Por tanto, su transformación en campo de golf “tendrá evidentes efectos para las especies vegetales y animales, un impacto paisajístico de primer orden y supondrá un peligro para el patrimonio etnológico”.

Además, Mascarell ha recordado “el alto coste ambiental que supondría su mantenimiento”, con un extremo consumo de agua que implicaría caras inversiones que el Ayuntamiento tendría que acometer, así como el uso de abonos y pesticidas que tendrían efectos colaterales en la flora y la fauna.

Todo esto añadido a que, según el Plan General de Ordenación Urbana de Gandia, “el espacio donde iría el campo de golf está clasificado como suelo no urbanizable protegido”, de manera que en él sólo se permiten los usos agrícola, de caza y pesca, didácticos y de estudio del medio, “incompatible con dotaciones de equipamiento deportivo”. Además, se trata de un área lindante con una zona húmeda catalogada, para las que se establece “un perímetro de afección de 500 metros que no se da en este caso”.

Por su parte, la socialista Diana Morant ha destacado la “carencia de aceptación social del proyecto”, comenzando por el hecho de que los propietarios afectados “apenas han recibido información por parte del Gobierno del PP”.