El TSJ da la razón al alcalde de Gandia y evita que el Ayuntamiento pague 270.000 euros


El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la ha rebajado hasta 1.250 euros (IVA incluido).




 

El TSJ da la razón al alcalde de Gandia y evita que el Ayuntamiento pague 270.000 euros

El Alcalde de Gandia, Arturo Torró, desmontó este miércoles con sentencia en mano, la trama del PSOE y las falsas acusaciones del portavoz Socialista de Gandia José Manuel Orengo, quien lo acusó directamente de deber 270.333 en concepto de costas por el juicio que perdió durante la pasada legislatura cuando interpuso un recurso por la contratación del servicio de agua potable de la ciudad. Tras perder el juicio, el Ayuntamiento le reclamó a Torró las costas del juicio que según el gabinete de abogados de los Socialistas, superaban los 270.000 euros, pero la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictamina que la petición es desorbitada, no se ajusta a derecho y la ha rebajado hasta 1.250 euros (IVA incluido). El PP exigirá al PSOE responsabilidades sobre qué hizo con tanto dinero público, ya que el actual Alcalde, ha mostrado la documentación y la sentencia que deja en evidencia al ex alcalde Orengo, al concejal Mascarell y al grupo Socialista, quienes al parecer ya pagaron a cuenta del consistorio gandiense más de 71.000 euros  al bufete contratado por Orengo y donde hoy trabajan cargos socialistas de Gandia. El gobierno del PP asegura que ha conseguido evitar que una empresa amiga de los socialistas perciba los 270.000 euros que pedían desde el PSOE, para pagar lo que le corresponde; es decir 268.000 euros menos. El gobierno del PP asegura que seguirá sacando a la luz, toda la documentación necesaria para aclarar el desvío de dinero público por parte del anterior ejecutivo Socialista y el ex alcalde Orengo. Por su parte, el PSOE ha tildado de ‘tramposa’ la actitud del alcalde para librarse de pagar las costas del pleito por la contrata del agua. Y Orengo afirma que Torró, como alcalde, tenía la obligación de abstenerse en un procedimiento donde el Ayuntamiento le reclama a él una deuda a título personal. El PP seguirá investigando, para que en caso de haber pagado dicha cantidad, se exija su devolución a quienes ordenaron dicho pago a una empresa afín al PSOE local, incumpliendo la ley.