El PSOE de Gandia pone en duda la legalidad de la adjudicación de la piscina del Grao


La concejala del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Gandia, Liduvina Gil, ha denunciado un nuevo caso de adjudicación oscura por parte del gobierno del PP. En este caso, se trata del centro deportivo y la piscina del Grau de Gandia, que desde el pasado mes de julio está gestionada por una nueva empresa, cuyo nombre parece ser Max Aqua Sport, sin que ni la oposición ni la opinión pública tengan constancia de la adjudicación del centro a ninguna empresa.




 

El PSOE de Gandia pone en duda la legalidad de la adjudicación de la piscina del Grao

Gil relataba que hace ya más de un año, los socialistas registraron la primera petición de información respecto a la piscina del Grau después del anuncio de su cierre temporal. La concejal socialista pedía por escrito acceder al nuevo pliego de condiciones, pero asegura que el gobierno no dio respuesta a esta solicitud hasta el pasado 12 de junio de 2013 (10 meses después), cuando explicaron que el concurso del centro deportivo del distrito marítimo había quedado desierto y que se iba a realizar un negociado sin publicidad.

Ahora, desde el pasado 1 de julio, hay una nueva empresa explotando las instalaciones sin que el gobierno haya informado de la adjudicación de las mismas ni a los grupos de la oposición ni a la opinión pública, por lo que Gil pone en entredicho que la empresa Max Aqua Sport esté gestionando el recinto con la adjudicación en regla.

Por eso, el pasado 1 de agosto, la edil socialista pidió de nuevo, por registro de entrada, acceder a la información en lo referente a la adjudicación de la piscina. Una petición que todavía no tiene ninguna respuesta por parte del gobierno del PP. Gil recuerda que se trata de una adjudicación importante porque comporta la subrogación de un préstamo de tres millones de euros, y la empresa que se haga cargo de la gestión del centro tiene que demostrar que puede hacer frente a la misma. Por eso, los socialistas han insistido esta semana en pedir por escrito la información amparándose en el artículo 23 de la Constitución Española.

Ante esta nueva operación oscura, Gil pregunta al gobierno del PP qué tienen que esconder para que no les den acceso a la información y no comuniquen públicamente la adjudicación del centro a pesar de ser una operación importante. Gil también ha preguntado al gobierno si son ciertos los rumores que aseguran que, a fecha de hoy, más de un mes después de que la nueva empresa esté gestionando el centro deportivo, es la empresa pública IPG la que está pagando los gastos que tiene el centro deportivo.