Una sentencia condena al Consistorio de Oliva a pagar 96.000 euros a 70 trabajadores


La sentencia, de esta manera, da la razón a UGT, quien en la pasada legislatura denunció que los trabajadores no estaban percibiendo al mes lo que deberían cobrar. Este fallo ratifica ahora lo que ya dijo la jueza hace dos años. Esto es, que al personal del Grupo E sólo se le podía aplicar un 1% de recorte en las retribuciones complementarias y no un 5%. Por contra, la sentencia afirma que el Ayuntamiento sí aplicó bien los complementos de destino, trienios y las pagas extra.




 

Una sentencia condena al Consistorio de Oliva a pagar 96.000 euros a 70 trabajadores

El secretario general de FSP-UGT de Gandia, Andrés Bertó, y la delegada del Ayuntamiento de Oliva, Enri Gilabert, mostraron ayer su satisfacción por el dictamen judicial. «Los Servicios Jurídicos de FSP-UGT vuelven a ganar una sentencia que afecta a más de 70 trabajadores del grupo E, los 'mil-euristas' de la administración, esta vez en el Ayuntamiento de Oliva, gobernado en ese momento por el PSOE».

En junio de 2010, según relataron los sindicalistas, el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero recortó a los funcionarios un 5% de su sueldo con el «tristemente famoso» Real Decreto Ley 8/2010. No obstante, agregaron, que en aquel decreto se hacía especial referencia al personal de grupo Agrupación Profesional (conocido grupo E) en la administración, ya que señalaba que a estos sólo se les bajaría el 1% de las retribuciones complementarias.

Así fue como se realizó en la mayoría de administraciones, pero Oliva «desoyendo a los representantes sindicales de UGT decidió aplicar por decreto un recorte del 5% a todos sus trabajadores, sin tener en cuenta a qué grupo pertenecían».

La Sección Sindical de la FSP-UGT en el Ayuntamiento de Oliva llevó el Decreto de Alcaldía a los servicios jurídicos, se estudió el tema y se interpuso una demanda en el Juzgado Contencioso, «en defensa de los trabajadores con independencia del color político del gobierno municipal». El 14 de octubre de 2011, el Juzgado de lo Contencioso número 7 de Valencia, dictó sentencia dándole la razón al sindicato FSP-UGT, pero el Ayuntamiento de Oliva decidió recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Valencia. «Todo esto supone que se les adeuda a más de 70 trabajadores (más del 25% de la plantilla) entre 1.000 y 1.500 euros, a cada uno en función de sus retribuciones, con lo cual el gasto total es de más de 100.000 euros para las arcas municipales, que en estos momentos tendrán que pagar los ciudadanos de Oliva», advirtieron ayer desde la fuerza sindical de la comarca de la Safor. «Si en su día se hubiera escuchado a la FSP-Unión General del Trabajador, los empleados afectados hubieran percibido al mes lo que les correspondía cobrar y el Ayuntamiento no tendría que desembolsar ahora 100.000 euros de golpe más las costas del juicio. Todo ello son consecuencias de no escuchar a UGT», concluyeron.

El decreto fue recurrido en diferentes municipios, no sólo por UGT sino también por CC.OO. Los servicios municipales estimaron el pago en 96.000 euros.