El juzgado le da la razon al Gobierno de Gandia y a su alcalde Arturo Torro en el caso de Gandia TV


Los 22 trabajadores que denunciaron al Gobierno deberán cobrar su despido del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y no será el Ayuntamiento de Gandia ni su gobierno quien tenga que hacerse cargo de las indemnizaciones. La sentencia deja claro que RMC cedía ilegalmente trabajadores a GandiaTV y efectuaba una “apariencia de facturación” que le servía en realidad para pagar salarios a los trabajadores.

El alcalde de Gandia, Arturo Torró, se reunió con sindicatos para ofrecer a los trabajadores una indemnización pero tres no quisieron y el juez ha dictado sentencia.




 

El juzgado le da la razon al Gobierno de Gandia y a su alcalde Arturo Torro en el caso de Gandia TV

El alcalde de Gandia, Arturo Torró, actuó bien y con arreglo a la ley. Así lo han dejado claro el portavoz del Gobierno, Víctor Soler, y el coordinador general de Asuntos de Alcaldía, Javier Reig, al dar a conocer hoy la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 12 de Valencia donde absuelve al Ayuntamiento de Gandia y a la empresa Iniciatives Públiques de Gandia SA del pago de indemnizaciones a los trabajadores de RMC que habían sido cedidos ilegalmente a Gandia Televisió.

El juicio se celebró el pasado 16 de octubre y ahora el tribunal ha fallado que los 22 trabajadores que denunciaron al Gobierno de Torró deberán cobrar su despido del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y que asciende en total a 336.000 euros, es decir, el Ayuntamiento de Gandia no abonará ninguna indemnización como así recoge el fallo judicial.

Así las cosas, queda acreditado que la empresa RMC no realizaba ninguna otra función que la cesión de la mano de obra a GandiaTV, limitándose a efectuar una “apariencia de facturación” que en realidad es con la que procede a pagar los salarios de los trabajadores. Y la actividad de la empresa RMC queda reducida a cero al ser el Ayuntamiento de Gandia su único cliente.


Los trabajadores de RMC reconocieron durante el juicio que percibían dietas camufladas en forma salario, dado que trabajaban en horario partido o en turnos de mañana o tarde, lo que les permitía ir a comer, cenar y pernoctar en sus domicilios.

Lo que más llama la atención, han explicado Víctor Soler y Javier Reig, es de nuevo la acreditación de la “cesión ilegal de trabajadores” que se hizo y todos a estas alturas saben quién hizo esa cesión: el anterior gobierno del PSOE. Porque como todos también saben, fue el gobierno de Arturo Torró quien tras tomar posesión el 13 de junio de 2011 aprobó el cierre de GandiaTV en julio de ese mismo año. Por tanto, se deberían reclamar las indemnizaciones por la cesión ilegal al anterior consejo de administración, lo que demuestra, una vez más, que Torró hizo las cosas bien.

Por el mero hecho de ser la Televisión Pública de Gandia una mercantil participada al cien por cien por el Ayuntamiento de Gandia y realizar funciones delegadas, no comporta sin más que el Ayuntamiento de Gandia tenga responsabilidad alguna en el despido de los trabajadores de la empresa RMC. Esta empresa productora tiene personalidad jurídica propia y personal propio y realiza su propia actividad con responsabilidad perfectamente diferenciada de la del Ayuntamiento, por lo que no cabe entender que pueda existir responsabilidad.

Es más, el fallo judicial pone de manifiesto que no existe ninguna razón para entender que los trabajadores tuvieran respecto al Ayuntamiento de Gandia ningún derecho laboral, ni por la existencia de relación laboral, ni de sucesión de empresa, cesión ilegal o grupo de empresas. En el mismo incluso se llega a decir que entre RMC y GandiaTV existe una auténtica contrata cuando la empresa contratista ejerce actividad empresarial propia y cuenta, por tanto, con patrimonio, instrumentos y organización estable.

Soler y Reig han vuelto a recordar que el alcalde de Gandia, Arturo Torró, se reunió con los sindicatos para ofrecerles a los trabajadores una indemnización y todos, excepto tres, dijeron que sí. Pero no cabía una indemnización a unos sí y a otros no, y ahora después de gastar mucho dinero en juicios y abogados, van a recibir la misma cantidad que en julio de 2011.

De hecho se condena a RMC por despido improcedente porque es quien hizo el ERE porque ya no tenía ingresos económicos, cuando como empresa hubiera podido seguir trabajando para otros. El ERE fue declarado nulo y por tanto no se puede retrotraer las actuaciones, por ello el juzgado opta por dar por rescindido el contrato con los trabajadores, no Arturo Torró.

Por último, el abono de la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo y la sentencia da así por resuelta la relación de Iniciatives de Comunicació, RMC Producciones y los trabajadores.