Una sentencia para Gandia TV con diferentes interpretaciones


La sentencia deja claro que tanto el Ayuntamiento como IPG y FOGASA están exentos de responsabilidad del despido, que sí declara improcedente.




 

Una sentencia para Gandia TV con diferentes interpretaciones

Esta semana se ha conocido la sentencia del tribunal número 12 de Valencia con respecto a la demanda que los trabajadores de la extinta Gandia TV interpusieron contra el Ayuntamiento e IPG por considerar que habían sido objeto de despido improcedente.

La sentencia deja claro que tanto el Ayuntamiento como IPG y FOGASA están exentos de responsabilidad del despido, que sí declara improcedente, al igual que declara probado que RMC había cedido ilegalmente sus trabajadores a Iniciatives de la Comunicació Gandia. Por este motivo, el juez determina que la responsabilidad y por tanto la condena a indemnizar recae, a partes iguales entre las dos entidades, toda vez que el juez reconoce que RMC está extinguida y que IPC está en proceso de liquidación.

El gobierno municipal se congratulaba de esta sentencia porque entiende que deja probado que la actuación del gobierno con el cierre de GTV fue legal y ajustada a derecho, ya que los despidos no correspondieron al gobierno, ni a la empresa pública, sino a RMC.

Desde la oposición, el PSOE ha interpretado que sí hubo despido ilegal y que de él el único responsable es Arturo Torró, al que le piden explicaciones y responsabilidades, entre otras cuestiones por no tener una televisión pública.

Compromís ha considerado que el gobierno se ha apresurado a valorar la sentencia porque entiende que si IPC era una empresa pública, la sentencia la tendrá que asumir el gobierno de forma subsidiaria.

Algo así entienden 11 de los trabajadores, que representados por José Ramón Bolta han asegurado que van a recurrir la sentencia y que el Ayuntamiento tendrá que pagar, mientras que los representados por CCOO entienden que la responsabilidad no es del Ayuntamiento y que se perdió una magnífica oportunidad de cerrar el caso mediante una salida pactada a la que tan solo se negaron 3 trabajadores en el acto de conciliación previo al juicio.

A todo esto, el gobierno insiste en que IPC no tenía contrato con ningún trabajador y que la empresa está en liquidación, por lo que los trabajadores tendrán que recurrir al FOGASA para cobrar sus indemnizaciones o tendrán que recurrir por la vía civil contra los responsables de la empresa pública que son Rafael Vivas como gerente y Alfred Boix como presidente del Consejo de Administración.