Orengo, anterior alcalde socialista de Gandia, desmiente las acusaciones de Torró entorno a los créditos bancarios


El concejal y portavoz del PSPV-PSOE del Ayuntamiento de Gandia, José Manuel Orengo, sostiene que se trata de una querella basada en un informe externo solicitado por el actual gobierno popular, encabezado por Arturo Torró, o bien por alguna de las empresas cercanas y afines al alcalde.




 

Orengo, anterior alcalde socialista de Gandia, desmiente las acusaciones de Torró entorno a los créditos bancarios

José Manuel Orengo, ha comparecido en rueda de prensa ante la mediática noticia de su imputación por el caso de los créditos concedidos sin la autorización del órgano tutelar, la Generalitat Valenciana, durante la pasada legislatura.

Orengo ha comunicado que, tanto él como la edil socialista, Ana Garcia, han acudido al juzgado a declarar y conocer la documentación aportada a la denuncia y la requerida por ellos mismos.
El ex alcalde ha querido aclarar que se trata de una querella basada en un informe externo solicitado por el actual gobierno popular, encabezado por Arturo Torró, o bien por alguna de las empresas cercanas y afines al alcalde, añadiendo que el caso que les ocupa es de carácter administrativo, en ningún caso implica corrupción y, por tanto, no se les puede pedir que asuman responsabilidades políticas. 

Orengo niega rotundamente que los créditos ascienden a 100 millones de euros, sino a 19 millones, que bien lejos quedan de las cantidades estrambóticas en las que se mueve el actual equipo de gobierno.

Ana Garcia, concejal socialista y anterior responsable de Hacienda en la pasada legislatura afirma que existen dos informes que avalan la legalidad de los créditos bancarios, y otras tantas pruebas físicas, pues el anterior ejecutivo local actuó ante el silencio de la Generalitat Valenciana, cuando se le pedía, en numerosas ocasiones, la autorización pertinente. 

José Manuel Orengo ha concluido asegurando que se trata de un montaje del gobierno del PP de Gandia, con el que se quiere ganar tiempo para esconder la penosa situación de la administración local.