El PSOE de Gandia revela que la acusación pide la imputación de Arturo Torró por otorgar más de 3 millones de euros a una TV privada


La jueza de Instrucción nº 3 de Gandia decidirá sobre la imputación del alcalde de Gandia ante la aparición de nuevas evidencias que lo relacionan con Tele 7.




 

El PSOE de Gandia revela que la acusación pide la imputación de Arturo Torró por otorgar más de 3 millones de euros a una TV privada

El PSOE de Gandia ha sacado a la luz que la jueza de Instrucción número 3 de Gandia decidirá, en breve, sobre la imputación del alcalde de Gandia, Arturo Torró, en el procedimiento de investigación por la concesión de ayudas públicas millonarias a una televisión privada (Tele 7), cuando esta mercantil  era  de su propiedad.

De este modo, con esta importante inyección económica se garantizaría la continuidad de un proyecto televisivo que el propio Arturo Torró, candidato del PP a la alcaldía de Gandia, ayudó a impulsar a cambio de un estricto control político del mismo a través de personas afines.

La acusación popular ejercida por el PSOE ha sacado a la luz documentación reveladora aportada por Bankia ante la Audiencia Nacional sobre las operaciones financieras de  Arturo Torró, en las que queda acreditado el hoolding de empresas, la existencia de testaferros y las peticiones de préstamos para afrontar la compra de una televisión privada local en Gandia.

Tal y como se acredita en el escrito de imputación formalizado por la letrada Sandra Gómez —conocida penalista que ha dirigido la acusación popular en el ‘caso Nóos’  y que forzó la dimisión del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau— el alcalde de Gandia en el momento de la formalización del polémico contrato de 3,5 millones de euros era propietario de la mercantil Inversiones Especiales del Mediterráneo, S. L. mediante sus “hombres de paja” Pepe Codina y Josep Lluís Giménez (actual director de la revista Sociedad y Política).

Una nueva prórroga de 1,7 millones de euros a Tele 7 Safor

El PSPV-PSOE ha podido acceder, vía judicial, al procedimiento de ayudas que el Gobierno local del PP impulsó desde la empresa pública IPG —coincidiendo con el cierre de Gandia Televisió—. La documentación revela que la operación no ascendía a 3,5 millones de euros, sino que las millonarias subvenciones superarían los 7 millones de euros a lo largo de seis años.

Fuentes municipales confirman —y así se acredita mediante documentación—, que recientemente se ha firmado una prórroga de estas subvenciones, lo que obliga a la empresa pública IPG a continuar abonando las ayudas a lo largo de los próximos tres años. Se trata, por tanto, de un verdadero escándalo y atropello, dadas las actuales circunstancias económicas por las que atraviesa esta mercantil del Ayuntamiento de Gandia. Además, esto se produjo a pocas semanas de las elecciones municipales del próximo domingo.