La Generalitat protegerá la playa del Auir para que Gandia no pague a sus dueños


Las indemnizaciones, entre 200 y 400 millones de euros, podría implicar a los gobiernos de Gandia y Valencia en demandas millonarias presentadas por los legítimos propietarios de las tierras que pagan su IBI.




 

La Generalitat protegerá la playa del Auir para que Gandia no pague a sus dueños

La historia de la playa del Auir le puede salir muy caro a más de uno. La franja litoral está claro que es propiedad de todos, pues pertenece al dominio marítimo-terrestre. Otra cosa es la parte de detrás de las dunas, es decir, los campos abandonados y casetas diseminadas por esta zona entre la calle Ribera Baixa conde empieza Rústicas hasta el linde con el término municipal de Xeraco.
Esa zona, fue declarada por el Ayuntamiento de Gandia como urbanizable en 1983 con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Urbanizable, entiéndase de baja densidad, nada de torres de apartamentos. Y en la revisión de 1999 el Gobierno de Gandia la siguió dejando como urbanizable y, además, añadió parámetros urbanísticos.
La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, se ha reunido con la consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, y han anunciado la intención de declarar la playa del Auir como suelo no urbanizable protegido. Ello evitaría de forma definitiva que alguien intentara construir en esa zona, cosa que a día de hoy sí puede hacer.
Lo que nadie pierde de vista en este culebrón urbanístico son las indemnizaciones millonarias a las que alguien, bien Ayuntamiento de Gandia bien Generalitat, deberían hacer frente para pagar a los actuales propietarios de esos terrenos. Unos terrenos de los cuales, el ayuntamiento lleva cobrando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a sus propietarios desde hace aproximadamente unos 15 años. Si se pretende que los dueños de esos terrenos pierdan su legítimo derecho a poder construir alguien deberá resarcirles. Y estaríamos hablando de una cifra que podría rondar, según fuentes consultadas, entre 200 y 400 millones de euros. El Ayuntamiento de Gandia ni tiene ni puede asumir esa compra de terrenos y menos al estar inmerso en el Plan de Ajuste.
Así pues, el Gobierno PSOE-Més Gandia que es contrario a que los dueños de los terrenos puedan urbanizar, ha pedido intermediación a la Generalitat Valenciana para poder preservar esta franja de playa virgen sin que le cueste a Gandia cifras millonarias. La forma, pues que el Consell apruebe un Plan de Acción Territorial para proteger el Auir. Seguidamente, el ayuntamiento cambiaría el PGOU de 1983 y el suelo pasaría de urbanizable a no urbanizable. De esta forma, PSOE-Més Gandia se lavarían las manos al actuar a través del dictado de una norma superior, de la Generalitat, y los propietarios que verían lesionados sus derechos deberían iniciar las demandas millonarias contra la Generalitat. Es la única diferencia. Ver quién paga esos 200 a 400 millones de euros, por los daños económicos causados a los propietarios de los terrenos, lo que se conoce como lucro cesante. Pagan impuestos a precio de urbano y ahora verían que ya no pueden construir.
Para el concejal de Gestión Responsable del Territorio en Gandia, Xavier Ródenas, la playa del Auir es “un producto que está a la venta durante 30 años y que no se ha consumido” por lo que “está suficientemente demostrado que no es de interés y, por tanto, debería volver a otra posición para tratar de darle salida a ese espacio”. Ródenas ha anunciado que la Conselleria espera poner en marcha este instrumento en un plazo de tres o cuatro años.
Para el Partido Popular, el Gobierno de Gandia “está haciendo suyo algo que no es suyo” y el exconcejal de Urbanismo, Toni Abad, ha explicado que “lo que hoy es un suelo urbanizable es culpa de quien hoy lo quiere no urbanizable” porque en 1983 era urbanizable y en la revisión de 1999, PSOE-Bloc “tuvieron la oportunidad de cambiarlo y lo que se hizo fue añadir parámetros urbanísticos”. Por último, Abad ha criticado que no se tenga en cuenta a los propietarios de los terrenos que hace más de 15 años que están pagando contribución urbana.