La muerte anunciada de IPG y los asistentes al funeral


Gandia aprueba la disolución de la empresa pública tras 10 años de vida




 

La muerte anunciada de IPG y los asistentes al funeral

Estaba previsto e incluso escrito en el guión. La empresa pública IPG, aquel instrumento multiplicado por cinco mercantiles más que sirvió durante años a los diferentes gobiernos de Gandia ayer firmó su acta de defunción. Y como en todo entierro, la herencia es la disputa. En este caso, herencia envenenada en forma de pérdidas millonarias y por tanto de responsabilidades. Eso sí, el actual gobierno PSOE-Més Gandia y Ciudadanos votaron a favor de la muerte de la empresa y de reclamar la herencia a los antiguos gestores, es decir, al PP. Y como a los populares no les dieron vela en este entierro, ayer se levantaron del pleno y se marcharon dejando sus escaños vacíos. A alguien se le olvidaba que, no solo se heredan las tierras sino que también las deudas y por tanto el PP calificaba de desfachatez que, con el muerto sobre la mesa, se echara las culpas del despilfarro solo al PP y que quienes oficiaban el funeral pidieran investigar únicamente a Torró y Compañía. Pero los familiares del finado, en cónclave, decidieron que muerto el perro se acabó la rabia y por ello como buenos ancestros, se negaron a que se investigaran los anteriores mandatos del PSOE. Los socialistas, aquellos que crearon cinco ataúdes, cinco empresas para lo mismo, asistieron ayer al entierro de su criatura. Una criatura de 10 años. Eso sí, en la cinta de la corona se podía leer: las responsabilidades prescriben a los cuatro años, haberlas denunciado antes. Los que te crearon no te olvidan. Y los que te usaron, tampoco.