La alcaldesa de Gandia y el secretario del pleno comparecerán ante una Juez


La magistrada del número 3 de Gandia cita a declarar a la alcaldesa de Gandia, Diana Morant; al secretario del pleno, Lorenzo Pérez; a Salvador Gregori y a los funcionarios Vicent Llorens y Vicent Todolí por un supuesto delito de prevaricación administrativa, revelación de secretos, falsificación de documentos públicos y coacciones.




 

La alcaldesa de Gandia y el secretario del pleno comparecerán ante una Juez

La alcaldesa de Gandia, Diana Morant y el secretario general del Ayuntamiento de Gandia, Lorenzo Pérez, han sido citados a declarar en calidad de querellados ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Gandia por un supuesto delito de prevaricación administrativa, revelación de secretos, falsificación de documentos públicos y coacciones.

Así reza en el auto judicial emitido ayer miércoles y cuyas declaraciones, están previstas para el próximo 6 de junio, y también afectan a Salvador Gregori y a los funcionarios Vicent Llorens y Vicent Todolí.

Así lo ha dado a conocer hoy el Partido Popular en una rueda de prensa donde han aportado el auto de la magistrada y los fundamentos que han presentado las personas afectadas por los supuestos hechos, y además, el decreto de alcaldía donde, según los populares, se confirma lo denunciado.

En la comparecencia de hoy, el concejal Vicent Gregori y la hasta hace poco representante de IPG, Lola Moncho, han dado a conocer datos reveladores de lo ocurrido aquel mediodía de junio cuando se estaba celebrando el pleno de investidura de la alcaldesa.

Así lo ha explicado el concejal Vicent Gregori quien ahonda en las órdenes verbales que recibieron algunas personas del entorno de Diana Morant, dado que ni eran funcionarios ni ostentaban ningún cargo o puesto de trabajo en el organigrama municipal, se dedicaron a impedir el acceso a personas que sí eran trabajadoras de la casa consistorial.

Uno de los casos más flagrantes, denuncian, sucedió con la funcionaria Cristina Serrano a la que se le impidió el acceso a su despacho por parte de personas que no tenían la condición de funcionarios o cargos de confianza sino que eran simples y meros colaboradores de Diana Morant.

Así las cosas, Lola Moncho ha explicado que varias personas que sufrieron esas supuestas coacciones y amenazas denunciaron ante la justicia lo ocurrido y fruto de eso ha sido admitir a trámite la querella e incoar las diligencias previas necesarias para esclarecer los hechos.

Los denunciantes han sido Gonzalo Morant, que era el gerente de la empresa IPG; Cristina Serrano, adscrita al gabinete de Alcaldía; el propio alcalde Arturo Torró; el personal de protocolo como Carlos Moncho; y de comunicación de alcaldía, Alba Frasquet.

La propia Lola Moncho ha dado a conocoer que se ha adjuntado en la querella y la juez lo ha admitido a trámite, vídeos y grabaciones de lo ocurrido, así como los testimonios necesarios para que se haga justicia.

Uno de los temas más peliagudos de esta compleja maraña por el poder y la supuesta destrucción de documentos, es que entre los citados a declarar se hallan la propia alcaldesa de Gandia, Diana Morant, y el secretario general del Ayuntamiento de Gandia, que a la sazón es un habilitado nacional, Lorenzo Pérez. Ambos firmaron un decreto de alcaldía, es decir, dando fé pública, de las normas a seguir y medidas cautelares a tomar para el traspaso de poderes. Cosa, en teoría habitual, pero cometieron el supuesto error de firmar el decreto el lunes, 15 de junio y validarlo electrónicamente el martes 16 de junio y miércoles 17, cuando lo ocurrido y denunciado ahora por los afectados sucedió días antes, es decir, el mismo día del pleno de investidura, el sábado 13 de junio, y el lunes, 15 de junio, por lo que, según denuncian, el decreto de la alcaldesa se debía cumplir cuando lo firmó junto con el fedatario público.

Los querellados acusan al Secretario del pleno, Lorenzo Pérez, de sacar una grabadora y someter a un ''interrogatorio policial'' al gerente de IPG, Gonzalo Morant, quien haciendo caso al abogado Javier Reig, no contestó a ninguna de las preguntas lo que motivó que el secretario de la corporación abandonara la sala.

Así pues, el próximo lunes 6 de junio, tendrán que acudir al Juzgado de Gandia la alcaldesa, Diana Morant; el secretario general del Ayuntamiento de Gandia, Lorenzo Pérez; el funcionario, Vicent Llorens; el coordinador de Economía y Hacienda, Salvador Gregori; y el también funcionario, Vicent Todolí a prestar declaración en calidad de querellados.