El PSPV justifica la suspensión del PAI de Ador por la insuficiencia hídrica


El PAI proyectado en la localidad de Ador ha sido paralizado por el Tribunal Superior de Justicia al considerar que no se ha aportado la documentación necesaria para avalar la potencia hídrica de las urbanizaciones que se prevén edificar. Una sentencia que el PSPV ve totalmente justificada.




 

El PSPV justifica la suspensión del PAI de Ador por la insuficiencia hídrica

Los primeros frenos a este PAI surgieron el pasado verano, el día 30 de junio,  cuando la Comisión Territorial de Urbanismo analizó el proyecto obteniendo tan sólo en contra del representante del Delegado del Gobierno. La actitud del representante del Estado se basaba en el hecho de que los informes aportados en lugar de ser de la Confederación Hidrográfica del Júcar, eran de la empresa Sociedad Española de Abastecimientos, que había sido contratada por el alcalde de Ador, el popular Juan Vicente Estruch.

 

Ante esta situación, el Subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez recurrió este PAI ante la abogacía del Estado. Una maniobra que fue calificada por Estruch, de electoralista. En cualquier caso, pese a los esfuerzos del alcalde de Ador y la Generalitat Valenciana por llevar adelante este proyecto urbanístico, la demanda llega ante el Tribunal Superior de Justicia que decreta, el pasado 15 de enero, la paralización del PAI.

 

Esta paralización, según explica la concejal socialista de Ador, Tere Reig, lleva aparejada la interrupción del proyecto de construcción de una nueva escula infantil para el municipio, que se incluía dentro del PAI, y “que según he podido constatar está todo preparado, a expensas de que el Ayuntamiento les facilite el solar para comenzar”. Ante esta situación, Reig asegura que Estruch es el “responsable directo por no haber hecho las cosas como tocaba, porque el colegio no se hará mientras no esté todo resuelto”.

 

En cualquier caso, la sentencia deja claro que las competencias del Estado no pueden ser sustituidas por organismos, ya sean privados o de la Generalitat Valenciana. En este sentido, el secretario de Estudios del PSPV, Vicent Bufort, explica que la sentencia asegura que “la Generalitat, no puede legislar sobre la forma, modo y manera en que el Estado debe ejercer sus competencias, ni puede sustituir su intervención mediante ninguna norma autonómica”.

 

De igual modo, Bufort indica que en el informe presentado por el consistorio de Ador se omiten los datos necesarios para que la Confederación Hidrográfica del Júcarde el visto bueno al PAI. Así, no se indica la titularidad de los pozos, la disponibilidad presente o futura de los mismos. Tampoco el aforo de éstos, para saber la cantidad de agua y la previsión del artículo 52 de la ley de agua según se sobrepasen o no los 7.000 metros cúbicos del volumen anual, la calidad de las aguas, la necesidad o no de tratamiento, y si es necesario hacer infraestructuras.