El PP desvela que el Gobierno de Gandia operó con un banco no detectable


El ex alcalde de Gandia, Arturo Torró, y el ex concejal de Hacienda, Guillermo Barber desvelan una operación económica y financiera realizada por PSOE y Més Gandia en connivencia con Ciudadanos para que la empresa pública IPG, que está embargada, se deshiciera de un terreno, recuperara dinero que le inyecta el ayuntamiento, y éste pudiera realizar una operación urbanística con la empresa Decathlón.




 

El PP desvela que el Gobierno de Gandia operó con un banco no detectable

El Partido Popular de Gandia ha revelado hoy que el Gobierno pagó pequeñas cantidades de dinero a través de un banco no detectable a los embargos para recuperar así el terreno vendido y, posteriormente poderlo adjudicar a la empresa Decathlón.  


''Somos aficionados al lado de esta pandilla'' ha dicho hoy el ex alcalde de Gandia, Arturo Torró quien se ha referido como ''el trío La, La, La,'' la comparecencia de la alcaldesa, vicealcaldesa y del “vendido y traidor” de Ciro Palmer. El ex alcalde ha recordado que cuando gobernaban los tres, en referencia al PSOE, Compromís y Plataforma, ''se crearon cinco empresas públicas, y el PP cerró cuatro dejando solo una''

Torró, con papeles en mano, ha dicho que hoy había acudido al Juzgado a declarar por las denuncias que el Gobierno de Gandia le pone por su gestión en IPG, gestión que según el ex alcalde, es la misma que están realizando ahora PSOE y Més Gandia, en referencia al traspaso de dinero del ayuntamiento a la empresa pública.

Así las cosas, el 5 de marzo de 2016, por ejemplo se traspasa dinero para atender el servicio de la Bici, como también se hace para la grúa, la ORA, las viviendas, en definitiva según el propio Torró ''yo estoy declarando por una denuncia sobre lo mismo que ellos hacen que es trasferir dinero a la empresa pública para que funcionen los servicios y la ciudad no se pare''.

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Pero el meollo de la cuestión de la rueda de prensa popular ha sido un supuesto delito de alzamiento de bienes y de insolvencia punible donde el Gobierno de Gandia y los liquidadores de IPG estarían inmersos.

La historia tiene como protagonista el terreno donde se ha instalado Decathlon. Ese terreno, siempre según la versión de los populares, se vendió en la época de José Manuel Orengo (PSOE) a la empresa pública por 5 millones de euros. La empresa pública pagó un delante de 1,1 millones al ayuntamiento. Pues bien, desde el 9 de junio hasta el 19 de octubre, en la denominada Operación Decathlon el Gobierno ha ido transfiriendo pequeñas cantidades de dinero a la empresa pública a través de un banco que no está en la plataforma de embargos del Banco de España, para que el solar retorne a su dueño inicial que es el ayuntamiento y así éste poderlo vender a Decathlon. Todo eso con la empresa pública en liquidación, cuentas embargadas y deudas pendientes.

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