Císcar deberá abonar más de 1.7 millones de euros a los vecinos afectados por la ronda del municipio


El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictaminado que el Ayuntamiento de Piles reintegre a los vecinos afectados por el PAI del Poble 1.700.000 euros. Esta compensación económica se basa en que el consistorio obligó a pagar a los vecinos una infraestructura que tenía consideración de bien general.




 

Císcar deberá abonar más de 1.7 millones de euros a los vecinos afectados por la ronda del municipio

No obstante, este no es el único pago que deberá realizar el consistorio, ya que el Tribunal ha dictaminado que también asuma los costes que se han derivado del proceso judicial, que ha incluido dos recursos por parte del Ayuntamiento.

 

Las obras, motivo de la discordia, son el proceso de urbanización de la zona limítrofe de Piles con el objetivo de construir la ronda y el puente sobre el barranco de Beniteixir. La vía que se creó a través de esta remodelación urbanística, posibilita, sin necesidad de pasar por el casco urbano, el acceso a la playa de Piles, “pero no sólo de los propios vecinos, sino también de los de otras localidades cercanas como Daimúz o Miramar”, explica el presidente de la Asociación de Vecinos de Piles y portavoz de OIV (Organización Independiente Valenciana), Pedro Román.

 

Román ha señalado que a los vecinos se les obligó a asumir los costes de la urbanización, cifrados en 98 euros el metro cuadrado, lo que supone una cifra elevada, si se tiene en cuenta que la superficie afectada es de 17.432 metros cuadrados.

 

En estos momentos, y tras el fallo decretado por el TSJ, a los vecinos aún les queda por pagar un 12%, “y aunque el alcalde Vicent Císcar ha señalado que iba a paralizar el pago de las cuotas, aún no lo ha hecho”, señala Román.

 

El auto del juez indica que los vecinos no deben pagar los costes derivados de los “elementos estructurales integrales de la red primaria de dotaciones públicas que daban servicio a la totalidad de los vecinos del municipio y no exclusivamente a los que pagaron”.  De igual modo, respecto al puente se indica en la sentencia que este no es más que “la unión de la unidad de ejecución con otro trozo de suelo” que se ha realizado para “formar una unidad urbanística”.

 

En cualquier caso, Román asegura que el alcalde entra en contradicciones “porque ahora dice que tiene el compromiso de las instituciones para asumir los costes de las obras, sin embargo ni ha abonado a los vecinos la parte correspondiente, ni ha paralizado los pagos”. Asegura, que Císcar entra en contradicciones, porque no “se entiende que desestimara el recurso de reposición puesto por los vecinos si le iban a conceder una subvención”.