Un paciente intenta agredir a un médico en el Hospital de Gandia


Los agentes acuden al centro sanitario ante el requerimiento del personal médico. Cabe recordar que el artículo 550 del Código Penal contempla como atentado quienes agredan a docentes o sanitarios en el ejercicio de sus funciones.




 

Un paciente intenta agredir a un médico en el Hospital de Gandia

Agentes de la Policía Local de Gandia han tenido que intervenir este fin de semana tras recibir una llamada del Hospital Comarcal Francesc de Borja donde se requería su presencia al haber una persona que estaba amenazando con agredir al médico que le atendió. Como se sabe, con la reforma del Código Penal (CP) de 2015, se procedió a la modificación de algunos aspectos relativos a los delitos cometidos dentro del ámbito sanitario.

Así las cosas, desde el 1 de julio de 2015, se castiga toda agresión física o resistencia con intimidación o violencia ejercida sobre un funcionario sanitario constituyendo en sí un atentado contra la autoridad, excediendo el delito de lesiones.

Artículo 550
1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.

2. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.

3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.