E-Movilizate


Si bien la mayoría de los afectados filatélicos acogió la aprobación de la nueva ley de bienes tangibles con indignación ya que fuimos utilizados por los diferentes grupos políticos que integran tanto el Senado como el Congreso para sus propios fines, lanzándonos unas migajas llamadas créditos ICO con los que lavar sus conciencias, debemos decir que esperábamos algo más de la disposición adicional segunda que se integra en esta ley (concretamente Disposición Adicional Segunda de la Ley 43/2007 que regula la compra-venta de Bienes Tangibles, aprobada el pasado 13 de diciembre de 2007). Dicha disposición exige al Gobierno un informe que haga balance sobre las medidas adoptadas para la resolución de este problema, problema terminado ya para ellos, que con este informe dan por cumplidas las medidas que se les instaba a tomar.




 

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Nos sorprende sin embargo que hayan agotado el plazo para su publicación, ya que no deja de ser lo mismo que llevan diciendo desde hace 22 meses, sin variar ni una sola coma y por supuesto sin ejercer la más mínima auto crítica hacia esas medidas que saltan a la vista han sido un estrepitoso fracaso.

Como no pretendemos emular a los sesudos autores de semejante informe (35 páginas donde se repite continuamente lo mismo) nos limitaremos en poco más de folio y medio a desgranarlo para poner de manifiesto que se falta a la verdad y se manipula de forma continuada, pretendiendo por repetición hacer de las medias verdades o de la mentira una verdad.

*Abre este informe la inclusión de la nueva ley de bienes con oferta de restitución del precio que es como se han empeñado en llamar ahora a lo que es la nueva ley de bienes tangibles, ley que si bien decimos que es nueva llega como hemos dicho muchas otras veces con 27 años de retraso, llega cuando ya 460.000 familias han sufrido las consecuencias de la no regulación de este sector.

Desde el Gobierno han redactado una ley simplemente para cumplir lo exigido en el Congreso, una ley poco ambiciosa ya que introduce pocas novedades entre las que cabe destacar la inclusión de aval bancario y firma notarial... dos que antes no ganaban nada en este sector. La supervisión de este sector recae otra vez en las CCAA, sin que hasta la fecha se las haya dotado de los mecanismos adecuados para que puedan cumplir con su función y que recordemos ya erraron de forma estrepitosa ya que, gran parte de lo ocurrido es precisamente por recaer ya anteriormente esta responsabilidad sobre ellas.

*El segundo punto nos informa sobre los créditos ICO. Rotundo fracaso son las palabras que no se atreven a mencionar a pesar de dar datos que lo demuestran, como lo es la cantidad de afectados que lo han solicitado: unos 22.000 de un total de 460.000, apenas llega al 5%.

A pesar de conocer estos datos ya en diciembre cuando aprobaban la famosa ley tratada en el punto anterior, en lugar de profundizar sobre las causas del rechazo masivo de los afectados a solicitar estos préstamos, reinciden sobre el ¿error? y nos ofrecen otra vez los mismos créditos que anteriormente ya habíamos rechazado, con lo que se demuestra que desde este Gobierno no se tiene intención alguna de solucionar este problema, que no se tiene intención de escuchar a los afectados y que la sensibilidad que pregonan es totalmente falsa. 

*Las subvenciones a las asociaciones de consumidores pertenecientes al CCU, a las cuales dotaron de 2.000.000 de euros para la defensa de los afectados es otro de los temas sobre los que este informe pasa de puntillas y sin pretender analizar el porqué los afectados no hemos querido que desde estas empresas se defiendan nuestros intereses. Pero no sólo no lo analiza, sino que se demuestra que desde el Gobierno se desprecia a los afectados y a las asociaciones independientes que hemos creado y elegido para que lo hagan, al indicarnos que estas, las subvencionadas, son las legítimas representantes de los afectados. 

No podemos más que decirles ante esto que las asociaciones legítimas son todas aquellas que han elegido los afectados, subvencionadas o independientes y por tanto, el ignorar a las asociaciones que más de la mitad de los afectados hemos elegido vuelve a poner de manifiesto la sensibilidad del Gobierno, la intención que se tiene desde ciertos ministerios a la resolución de este problema y el por qué de la subvención a unas asociaciones que en principio iban a defender gratuitamente (lógico, ya cobraban por parte del Estado de forma generosa) y que sin embargo a la hora de la verdad optaron por hacer caja sin que de momento hayan hecho poco más que eso.

*Otro punto manipulado hasta extremos inimaginables es el de los complementos a mínimos. pretenden hacernos creer que los afectados hemos accedido a esos requisitos por la intercesión del Estado, nada más lejos de la realidad. Para acceder a estos complementos se deben cumplir unos requisitos que todos y cada uno de los afectados que actualmente disfrutan de ellos cumple, no por ser afectado, no es ese el requisito, lo es el no llegar a esos mínimos exigidos por ley. Por lo tanto no disfracen de favor lo que en realidad es cumplir la ley, el no conceder esos complementos a afectados tanto de Fórum como Afinsa que cumplen los requisitos, por el simple hecho de ser afectados podría ser constitutivo de delito, y por tanto reclamable.

*A pesar de que el Gobierno cuando ha sido interpelado sobre este caso responde que está en manos de la justicia y viviendo supuestamente en un país donde existe una separación de poderes, no deja de ser curioso que el Gobierno se atribuya acciones que han sido tomadas por el poder judicial, tal como son las medidas adoptadas por los distintos jueces que actualmente instruyen estos sumarios. No entendemos por tanto la inclusión de estas como medidas adoptadas por el Gobierno y no deberían figurar en este informe.

Desde E-movilízate creemos que este informe es totalmente innecesario ya que carece de la auto crítica necesaria para solucionar los muchos flecos que han quedado pendientes, tanto en la ley propiamente dicha como en las medidas adoptadas por este Gobierno, medidas sobre las que no se ha hecho estudio riguroso que ponga sobre la mesa el porqué de su fracaso ni medidas que lo corrijan.