El PP denuncia la externalización formal de los Servicios Jurídicos del ayuntamiento


Una crítica que viene a raíz de la adjudicación definitiva, hoy, del contrato de los Servicios Jurídicos Municipales con una duración de dos años por un importe de 283.360 € anuales a la UTE formada por Na Jordana Iuris y Garrigues Asociados.




 

El PP denuncia la externalización formal de los Servicios Jurídicos del ayuntamiento

El gobierno municipal ha adjudicado hoy el Contrato de los Servicios Jurídicos Municipales con una duración de dos años por un importe de 283.360 € anuales a la UTE formada por Na Jordana Iuris y Garrigues Asociados. Con ello y según el PP el ejecutivo externaliza formalmente la contratación de los Servicios Jurídicos, representación y defensa procesal del ayuntamiento. El grupo popular manifiesta que es justamente esta situación la que ha estado denunciando constantemente basándose en aspectos tan importantes como:

 

1) El ayuntamiento ya tiene en plantilla funcionarial a 2 letrados, un auxiliar que forman un gabinete jurídico desmantelado por voluntad política.

 

2) El coste de estos funcionarios en plantilla es de 158.846 € anuales mientras que el de la nueva contratación externa es de 283.360 € anuales por lo que el antojo del Gobierno le cuesta al ciudadano del bolsillo 124.514 € al año.

 

3) La Ley de Grandes Ciudades obliga a los Municipios a contar con su propio Gabinete Jurídico Municipal. ¿Ya no se cree el Gobierno aquello de “Gandia Gran Ciudad” que tanto ha vendido y en lo que tanto dinero público se ha gastado?

 

4) Los términos del contrato de adjudicación son arbitrarios, sectarios y claramente partidistas, pues los Servicios Jurídicos de un ayuntamiento no pueden ni deben estar al servicio del Gobierno de turno sino al de toda la Corporación que, en definitiva, es quien representa a toda Gandia.

 

Por ello, el PP indica que lo que se demuestra es que el gobierno municipal: no mira por los intereses de la ciudad ni de los Gandienses. Gestiona de manera ineficaz e ineficiente el dinero de los ciudadanos despilfarrando con pólvora de rey. Obvia al personal de la casa que sacó su oposición para cumplir unos cometidos específicos de los que ahora se ven relegados, por un Gobierno incompetente, coartando así sus legítimas aspiraciones profesionales.