AVA valora los cambios en la propuesta de la UE de fitosanitarios pero pide un informe de impacto


AVA-ASAJA valora los cambios introducidos en la




 

AVA valora los cambios en la propuesta de la UE de fitosanitarios pero pide un informe de impacto

El texto mantiene la mayor parte de los restrictivos criterios planteados anteriormente -como prohibir que la sustancia sea cancerígena o provoque infertilidad- pero permite salvaguardar excepcionalmente un producto si un Estado miembro demuestra que es clave para luchar contra una plaga o enfermedad, para lo que se concederán permisos de 5 años. De igual manera, se ha aceptado que la nueva regulación entre en vigor progresivamente, sin alterar las autorizaciones que ya están concedidas.

 

"La norma supondrá la retirada de un gran número de productos y complicará muchísimo la lucha contra las plagas porque se potenciarán las problemas de resistencias, pero la UE comienza a entender que no debe alarmar con términos como 'producto cancerígeno 'sin antes atender al uso que los agricultores hacen de él y al beneficio que se obtiene" matiza el presidente de la asociación, Cristóbal Aguado.

 

De cualquier manera, AVAASAJA exige que, antes de que sea aprobada la regulación,"se realice un estudio de impacto sobre cómo afectará a la producción, un informe que dé garantías de que los cambios introducidos no afectarán a la seguridad alimentaria, porque no se pueden eliminar de un plumazo cientos de fitosanitarios sólo por su toxicidad", advierte Aguado, quien concluye que tal cosa sería "como si se prohibiesen las radiografías o la quimioterapia porque provocan cáncer".

 

El reglamento que ahora se ultima ha generado una honda preocupación en todo el sector agrícola europeo y provocó de hecho un viaje a Bruselas de una delegación de AVA-ASAJA para manifestar su oposición. Ni la Comisión Europea, ni el Parlamento Europeo –que radicalizó la propuesta inicial han atendido durante estos meses los informes oficiales del Reino Unido, Irlanda o Italia así como del Copa- Cogeca (la entidad europea de agricultores y cooperativas) que alertaban de que la implantación de la norma podría provocar la eliminación de hasta el 80% de fitosanitarios hoy existentes y de un porcentaje si cabe mayor en el caso concreto de los insecticidas, que son los que más necesita la agricultura mediterránea.